La alianza entre el Ministerio Público Fiscal de Chubut y el Ministerio Público de Chile incorpora herramientas tecnológicas desarrolladas en la provincia y crea mecanismos conjuntos para fortalecer las investigaciones penales a ambos lados de la cordillera.
El Ministerio Público Fiscal de Chubut y el Ministerio Público de Chile firmaron un acuerdo de cooperación judicial orientado a fortalecer la persecución penal mediante la transferencia tecnológica y la creación de mecanismos conjuntos de investigación. La firma se concretó en la Fiscalía Nacional de Santiago.
El convenio tiene como antecedente la implementación del software “Espejo Chubut” en el sistema judicial chileno. La herramienta fue desarrollada íntegramente por el MPF chubutense y permite el traspaso y análisis de información contenida en dispositivos electrónicos, garantizando la cadena de custodia y agilizando las investigaciones en delitos complejos.
La transferencia tecnológica fue posible con el apoyo de la Coordinación Regional para Sudamérica del Programa Global de Ciberdelito de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).
Los mecanismos previstos en el acuerdo
El Convenio Marco establece tres mecanismos esenciales de cooperación bilateral, respetando la autonomía de cada país. Entre ellos figura la Asistencia Jurídica Célere, destinada a agilizar los pedidos de auxilio entre ambas naciones.
También incorpora la Información Espontánea, con canales directos para realizar denuncias cuando se detecten hechos que requieran intervención en el país vecino.
Además, prevé la conformación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) para actuar en delitos de alta gravedad o complejidad y establece protocolos de confidencialidad y reportes de seguridad informática para proteger la integridad de los datos compartidos.
Cooperación en violencia de género, violencia rural y cibercriminalidad
El acuerdo contempla una coordinación integral para abordar distintas problemáticas sociales y delictivas. En materia de violencia de género, prevé políticas fiscales orientadas a erradicar estereotipos y promover la equidad.
En cuanto a la violencia rural, impulsa estrategias conjuntas para identificar y juzgar a los responsables, mientras que en cibercriminalidad incorpora análisis criminal predictivo y capacitaciones técnicas constantes.
También incluye el intercambio de políticas de asistencia a víctimas y testigos en materia de Derechos Humanos, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad.
La firma del documento contó con la presencia del Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia; el Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena; y la experta en criptoactivos y blockchain de UNODC, Agostina Miquelarena.
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