El Gobierno promulgó y publicó la norma en el Boletín Oficial. Cambian el cálculo de indemnizaciones, el período de prueba, las horas extra y los aportes sindicales.
La nueva ley de reforma laboral comenzó a regir este viernes, una semana después de haber sido sancionada por el Senado. La norma fue promulgada por el Gobierno y publicada en el Boletín Oficial, lo que habilitó su entrada en vigencia en todo el país.
La legislación involucra a sectores productivos, trabajadores y cámaras empresariales y redefine distintos aspectos de la relación laboral en el sector privado.
Entre los cambios que introduce la normativa se encuentran modificaciones en el régimen de indemnizaciones, la organización de la jornada laboral, la registración de trabajadores y la estructura de aportes patronales y sindicales.
La ley produce un cambio en la regulación del mercado de trabajo en Argentina, con medidas que impactan tanto en empleadores como en trabajadores.
Cambios en indemnizaciones y jornada laboral
Uno de los puntos centrales es el nuevo cálculo de las indemnizaciones. La base se determina solo sobre la remuneración mensual, normal y habitual, por lo que quedan excluidos el aguinaldo y las vacaciones.
Además, la actualización de créditos laborales se realizará por IPC más un 3% anual, mientras que la indemnización pasa a ser la única compensación. La norma también establece que las sentencias judiciales podrán pagarse en cuotas.
Otro de los cambios es la implementación del banco de horas, que podrá aplicarse mediante acuerdo escrito entre las partes. Este mecanismo permite compensar horas extra respetando los períodos de descanso.
La legislación también habilita que las vacaciones puedan fraccionarse en períodos de al menos siete días, manteniendo el período habitual entre octubre y abril, salvo que exista un acuerdo diferente.
Fondo de asistencia laboral y fondos de cese
La ley crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que será financiado con aportes mensuales de los empleadores. En el caso de grandes empresas, el aporte será del 1% de las remuneraciones, mientras que en empresas medianas y pequeñas será del 2,5%.
El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, con aval legislativo. Estos recursos formaban parte del circuito de contribuciones al sistema previsional, que financiaba jubilaciones y pensiones a través de la Anses.
La normativa también establece que los convenios colectivos podrán crear fondos de cese con capitalización individual. En ese esquema, el empleador realiza aportes mensuales y, al finalizar la relación laboral, el trabajador cobra lo acumulado.
Según la ley, estos fondos deberán acordarse en paritarias y no podrán implicar pérdida de derechos para los trabajadores.
Período de prueba y cambios en aportes sindicales
Otro de los puntos que incorpora la reforma es la ampliación del período de prueba, que pasa a ser de seis meses. En empresas de hasta cinco empleados, podrá extenderse hasta ocho meses.
Durante ese período, el empleador podrá despedir sin indemnización, aunque la relación laboral deberá estar registrada y con aportes correspondientes.
La norma también elimina las multas por empleo no registrado y crea un régimen de regularización sin sanciones, aunque el empleador deberá pagar las diferencias salariales y previsionales.
Por último, se establecen límites a los aportes sindicales: los aportes patronales a cámaras tendrán un tope del 0,5% y los aportes de trabajadores no podrán superar el 2%, además de eliminarse la retención automática de la cuota sindical sin consentimiento, mientras que se mantiene el 6% destinado a obras sociales.
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