Bajo el nombre de “Ley de Modernización Laboral”, el Ejecutivo nacional propone cambios en la legislación del trabajo que reconfiguran la relación entre empresas y trabajadores y reabren una disputa histórica sobre el modelo laboral en la Argentina.
La reforma laboral volvió al centro del debate político a dos años del inicio del gobierno de Javier Milei. El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2025, propone una serie de modificaciones que alteran pilares de la legislación laboral argentina y retoman puntos ya incluidos en el DNU 70/2023, que habían sido frenados por la Justicia del Trabajo.
Bajo el rótulo de “Ley de Modernización Laboral”, la iniciativa plantea una reconfiguración de la relación entre capital y trabajo, con un corrimiento del peso normativo hacia acuerdos individuales y una reducción del alcance de los derechos colectivos. Para el movimiento obrero, el proyecto no implica una actualización normativa sino una regresión de derechos laborales en un contexto de ajuste y recesión.
El tratamiento legislativo comenzó a discutirse en el Congreso durante las sesiones extraordinarias del verano, pero tras resistencias políticas y sindicales quedó postergado para febrero de 2026, cuando será analizado en las comisiones de Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales.
Dos años después del intento fallido por decreto, el oficialismo vuelve a avanzar por la vía parlamentaria con una propuesta que, según los sindicatos, profundiza los mismos lineamientos cuestionados por su impacto sobre los trabajadores.
Un diagnóstico cuestionado por los sindicatos
Desde el sindicato Luz y Fuerza Córdoba sostienen que la reforma parte de una premisa que no se corresponde con la historia económica del país. “La historia argentina demuestra que debilitar el trabajo no crea empleo, sino más desigualdad”, advierten desde la organización sindical, al señalar que las crisis laborales estuvieron asociadas a procesos de desregulación y especulación.
La legislación laboral argentina se consolidó como respuesta a esa desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores. Su eje central es la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, sancionada en 1974, que estableció principios como el orden público laboral, la irrenunciabilidad de derechos y la protección del trabajador como parte más débil de la relación.
A ese marco se sumaron normas como la ley 14.250 de negociación colectiva, la ley 23.551 de asociaciones sindicales y la ley 25.877, que regula derechos vinculados a la organización del trabajo y los conflictos colectivos.
Según Luz y Fuerza, ese entramado legal fue el resultado de décadas de disputas y consensos sociales que entendieron al trabajo como un derecho, y no como una variable de ajuste del mercado.
Cambios en derechos individuales
Entre los puntos centrales del proyecto aparece la habilitación del “salario dinámico”, que permite negociar parte del ingreso por fuera de los convenios colectivos, según el desempeño individual o la situación económica de la empresa. Para el sindicato, este esquema “traslada la negociación de una mesa colectiva a acuerdos individuales”, dejando al trabajador “en inferioridad de condiciones frente al empleador”, señalan desde Luz y Fuerza.
La iniciativa también habilita el fraccionamiento de las vacaciones, flexibiliza la jornada laboral y reduce controles sobre horas extra, permitiendo extensiones por encima de las nueve horas diarias. A esto se suma la eliminación de estatutos profesionales, de la ley de teletrabajo y de la presunción de laboralidad para profesiones colegiadas.
En materia de despidos, la creación del Fondo de Asistencia Laboral introduce un cambio estructural al financiarse con aportes patronales que hoy sostienen el sistema previsional. Desde el sindicato advierten que esta medida “reduce el costo empresarial para despedir y desvía recursos que actualmente financian la seguridad social”, debilitando tanto al trabajador como al sistema jubilatorio.
Derechos colectivos y conflicto social
La reforma también avanza sobre los derechos colectivos, con límites al derecho a huelga mediante la ampliación de los servicios considerados esenciales y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. “La eliminación de la ultraactividad debilita la negociación colectiva histórica en Argentina”, sostienen desde Luz y Fuerza, al remarcar que obliga a negociar desde una posición desfavorable.
Además, el proyecto modifica el orden de prelación de los convenios, habilitando que acuerdos por empresa prevalezcan sobre los de actividad, y promueve la creación de sindicatos por empresa, lo que para el movimiento obrero fragmenta la representación gremial.
El Gobierno argumenta que la reforma busca atraer inversiones y reducir la informalidad laboral, pero no incorpora políticas de desarrollo productivo ni de formación. “La reforma no incluye a los trabajadores informales mejorando sus condiciones, sino recortando los derechos de los formales”, señalan desde LyF.
En un escenario de recesión y caída del salario real, la discusión en el Congreso excede lo técnico y vuelve a poner en disputa el modelo de país. Desde Luz y Fuerza advierten que “lejos de crear trabajo, este tipo de reformas consolidan un escenario de menos y peor empleo”, y que el impacto no se medirá sólo en indicadores económicos, sino en la vida cotidiana de millones de trabajadores.
Sé el primero en comentar