Denuncias cruzadas por donaciones tras los incendios en la Comarca Andina

Una presentación judicial expuso presuntas irregularidades en el manejo de ayuda solidaria enviada desde Bariloche a Cholila y Villa Lago Rivadavia, con acusaciones que involucran a voluntarios, fuerzas policiales y al intendente local.

El intendente de Cholila, Silvio Boudargham, se presentó en la comisaría local para denunciar que un grupo de personas habría desviado donaciones destinadas a familias afectadas por el incendio en la zona. En la presentación aseguró que los involucrados “traían donaciones desde la localidad de Bariloche y, en lugar de entregarlas a los vecinos, las vendían para su propio beneficio”, según consta en la denuncia a la que accedió este medio.

Los acusados fueron identificados como “M.R.” y “J.C.”, señalados como receptores de elementos enviados desde Bariloche para asistir a damnificados. La denuncia se enmarca en el operativo de ayuda desplegado tras el siniestro que impactó en distintas áreas de la Comarca Andina.

Tras una investigación inicial, la Policía constató la presencia de un camión con 60 tanques de agua de 1.200 litros cada uno. Al entrevistar al chofer, este sostuvo que “5 o 6 tanques donados” iban a ser entregados sin costo y que el resto se ofrecía al público a un “precio moderado”, de entre $110 mil y $150 mil, ante la falta de fondos para donarlos, de acuerdo al testimonio incorporado al expediente.

Las actuaciones iniciadas por Boudargham fueron remitidas a la Fiscalía de la Comarca Andina. No hubo detenidos, pero la investigación continúa para establecer qué ocurrió con las donaciones que debían llegar a vecinos de Cholila.

Una denuncia penal en Bariloche

En paralelo, una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro puso bajo la lupa el accionar del intendente de Cholila y de efectivos de la Policía de Chubut. El expediente, registrado como MPF-BA-00368-2026, fue radicado el lunes 2 de febrero en Bariloche.

La presentación fue realizada por Bárbara Peralta, quien relató que el 1 de febrero un grupo de voluntarios viajó desde Bariloche hacia Villa Lago Rivadavia para entregar donaciones. Al llegar, solicitaron autorización a una vecina para dejar un tótem de agua y estacionar el camión, momento en el que arribaron tres móviles policiales, según la denuncia.

De acuerdo al acta, los efectivos informaron que el intendente había ordenado la detención de la organizadora de la colecta. Peralta manifestó que desconocía el motivo y señaló que era la única mujer de un grupo integrado por diez choferes de camionetas y un camión.

Siempre según el testimonio incorporado, la Policía argumentó que los voluntarios estaban “comercializando” con un camión que pertenecería al municipio de Cholila. La denunciante negó esa versión y afirmó que el vehículo era de un particular de Bariloche, sin vínculo con el municipio.

Retención, escolta y pedido de investigación

El acta detalla que el grupo permaneció retenido entre las 9 y las 12, bajo el sol, con la promesa de que el intendente se presentaría en el lugar, algo que —según la denuncia— no ocurrió. Durante ese lapso, Peralta realizó una transmisión en vivo en redes sociales para mostrar la situación.

La denuncia también menciona la intervención del comunicador local Darío Fernández, quien habría difundido que el camión estaba financiado por el municipio y que se trataba de una actividad comercial. Según la presentación, se difundieron datos personales de los voluntarios y del vehículo.

Luego, dos móviles policiales se retiraron y uno escoltó al convoy hasta Cholila. Allí se permitió estacionar los vehículos y seis choferes fueron trasladados a la comisaría, donde permanecieron retenidos durante unas dos horas, hasta ser liberados tras la intervención de un abogado.

En el tramo final, Peralta afirmó que existen testigos locales, registros fílmicos y que parte de las donaciones habrían sido retenidas y comercializadas, extremo incorporado a la causa. La presentación solicita que se investigue un presunto abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y un uso arbitrario del poder estatal en el marco de una acción solidaria.

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