En el marco de la investigación sobre el incendio Confluencia, las autoridades están realizando pericias para determinar el rol del único imputado en el caso. Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de San Carlos de Bariloche, Rubén Marigo ha denunciado la vulneración del principio de inocencia y libertad efectiva que rige a toda la ciudadanía argentina.
En el marco de la investigación del incendio Confluencia, las autoridades están realizando pericias para determinar el rol del único imputado. Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de San Carlos de Bariloche, Rubén Marigo ha denunciado la vulneración del principio de inocencia y la libertad efectiva, argumentando que existe un sesgo discriminatorio debido a la situación social del detenido, un trabajador golondrina dedicado a la construcción.
Marigo argumentó que la situación del imputado, un trabajador de la construcción, refleja un sesgo discriminatorio, especialmente en comparación con los últimos seis detenidos. Según Marigo, no había mérito en ninguno de los casos y se trató de una especie de trato discriminatorio debido a la situación social del actual detenido.
Además, el referente en la defensa de los derechos humanos comentó que “la situación social se ha visto más movida” por la presencia de figuras como la Ministro de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Luis Petri en la localidad. “Y ahora por la indicación a la RAM y los pueblos indígenas”, a ojos del referente la persecución se agrava. Marigo destaca que el imputado “es un trabajador golondrina, dedicado a la construcción y que estaba colaborando con la contención de los incendios en su paso como mochilero en la comarca”.
En cuanto a la tenencia de una botella con un líquido sospechoso, Marigo señaló que no se pudo comprobar su contenido y que hay muchas contradicciones al respecto. Además, mencionó que el imputado no llevaba una remera similar a la del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), como fue indicado por la Fiscalía a cargo de Martín Lozada y Francisco Arrien.
Marigo calificó las detenciones como una “caza de brujas” para esconder la falta de recursos por parte del estado para prevenir y contener la emergencia. Desde la APDH, se han puesto en contacto con la familia y amistades del imputado, que se encuentran acompañando la situación. Las 10 personas que han sido detenidas a lo largo de la investigación estaban colaborando con la contención del fuego.
Marigo también criticó la prohibición del ingreso al Área Natural Protegida Río Azul, argumentando que dificulta el acceso a la comunidad para combatir el fuego y la libre circulación de los vecinos. En relación con la vulneración de derechos en el caso de Heredia y las personas ya puestas en libertad, Marigo explicó que tanto el principio de inocencia como el de libertad efectiva están siendo objeto de una doble vara en el sistema judicial.
Finalmente, Marigo destacó la importancia de la participación de la sociedad en general en movilizaciones para pedir la libertad del compañero. En relación a la apelación de la Fiscalía en la libertad de las seis últimas personas detenidas, Marigo afirmó que no ha cambiado nada y que la defensa apela en el caso de Heredia mientras la Fiscalía apela a la libertad de los seis, pero no va a parar a ningún lado.
Desde la APDH, se cree que hay una política punitiva en lugar de una política preventiva para apagar el incendio.
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