La Justicia Federal ordenó la detención de la extitular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y de la exdirectora del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que ya acumula 114 víctimas fatales, según los datos incorporados al expediente.
La investigación por la comercialización de fentanilo contaminado sumó este martes un nuevo avance con la detención de las dos exfuncionarias que estaban a cargo de los organismos responsables de controlar la producción de medicamentos en la Argentina. Se trata de la extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y de la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.
Ambas quedaron a disposición del Juzgado Federal N.° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, en una causa que continúa bajo secreto de sumario. Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), los procedimientos fueron realizados por la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad.
En el caso de Mantecón Fumadó, NA indicó que la exfuncionaria se presentó de manera espontánea junto a su abogado. Respecto de Bisio, la agencia señaló que fue detenida en Olivos, mientras que el diario Clarín informó que el procedimiento se concretó en Quilmes, ciudad donde reside.
Las indagatorias y el avance sobre el Ministerio de Salud
De acuerdo con el diario La Nación, los abogados defensores confirmaron las detenciones y adelantaron que ambas serán indagadas este miércoles. En esa audiencia, el juez Ernesto Kreplak les notificará el delito que se les atribuye en el expediente por el presunto estrago a la salud pública.
En paralelo, la investigación avanzó sobre el Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Mario Lugones. Según publicó Clarín, la Justicia requirió la documentación correspondiente a los registros de ingresos y egresos de personas al edificio ministerial durante 2024 y 2025.
Desde la cartera sanitaria confirmaron a ese medio que entregaron toda la documentación solicitada y aclararon que no habían sido notificados oficialmente sobre las detenciones. Clarín también recordó que en julio de 2025 Lugones había manifestado la intención de constituirse como querellante en la causa, aunque la Justicia rechazó ese pedido un mes después al considerar que existía un posible conflicto de intereses por la dependencia de la ANMAT respecto del Ministerio.
Los puntos que investiga la Justicia
La causa busca determinar las posibles omisiones de control sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro.
Según publicó La Nación, Mantecón Fumadó fue apartada preventivamente en agosto de 2025 luego de que se detectara que no impulsó un informe técnico del 26 de marzo de ese año que advertía sobre irregularidades en la producción de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, incluyendo productos de Surar Pharma. El mismo medio también informó que había sido designada al frente del INAME en diciembre de 2022 mediante una designación transitoria y “por excepción”, debido a que el expediente señalaba que “no reunía los requisitos mínimos” establecidos en el convenio colectivo.
En el caso de Bisio, La Nación indicó que presentó su renuncia en enero de 2026, aceptada mediante el Decreto 3/2026, mientras que el Ministerio de Salud comunicó en ese momento que la dimisión respondía a “motivos personales”. Tras su salida, el organismo quedó bajo la conducción de Luis Fontana.
El origen del caso del fentanilo contaminado
La investigación se inició en mayo de 2025 luego de las primeras muertes registradas en el Hospital Italiano de La Plata. El fentanilo pertenecía a los lotes cuestionados y había sido administrado para sedar pacientes.
De acuerdo con Clarín, los estudios realizados por el Instituto ANLIS-Malbrán comprobaron la contaminación con bacterias multirresistentes, mientras que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema estableció el vínculo entre esas bacterias y los fallecimientos. El mismo medio indicó que la causa contabiliza actualmente 114 víctimas fatales.
Hasta las detenciones de las exfuncionarias, el expediente tenía 13 imputados vinculados al sector privado, encabezados por el empresario Ariel García Furfaro. Con esta decisión judicial, la investigación también se orienta a determinar las responsabilidades de quienes tenían a su cargo los organismos estatales de control.
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