La Justicia ordenó nuevos allanamientos tras las indagatorias a los 17 imputados. Ahora se busca determinar posibles responsabilidades en funcionarios de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
La causa por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo judicial. Luego de finalizar las indagatorias a los 17 imputados, la Justicia dispuso siete allanamientos en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Los procedimientos se realizaron tanto en las sedes centrales de la ANMAT y el INAME como en domicilios particulares de autoridades. Según fuentes judiciales, en el operativo se incautaron dispositivos electrónicos de funcionarios en funciones y de exautoridades.
Entre los elementos secuestrados se encuentra el celular de la directora de la ANMAT, Nélida Bisio, y también documentación vinculada a la gestión de la extitular del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, en su domicilio de Quilmes.
Sospechas sobre organismos de control
La investigación busca establecer si existieron omisiones o responsabilidades administrativas dentro de los organismos encargados de controlar el ingreso y la circulación de medicamentos en el país.
Fuentes cercanas al expediente señalaron que la Justicia intenta determinar qué rol tuvieron ANMAT e INAME en la cadena que derivó en la distribución de las dosis contaminadas.
En este sentido, el foco está puesto en si hubo fallas en los controles que hubieran podido evitar la tragedia. “La pesquisa se concentra en la actuación de las autoridades regulatorias”, indicaron los voceros consultados.
Etapas de la causa
Hasta el momento, el proceso judicial ya cuenta con 17 imputados, quienes fueron indagados en las últimas semanas. La nueva medida judicial amplía el alcance de la causa hacia los niveles institucionales.
Los allanamientos en domicilios particulares representan un paso más en la búsqueda de pruebas que permitan vincular a los organismos oficiales con la cadena de responsabilidades.
La Justicia continuará ahora con el análisis de los dispositivos electrónicos y documentos incautados para establecer si existieron comunicaciones o decisiones relevantes en torno al caso.
Próximos pasos judiciales
Los investigadores esperan que la información extraída de los teléfonos y computadoras secuestradas aporte datos sobre la trazabilidad de las dosis de fentanilo contaminado y las medidas adoptadas en su momento por las autoridades.
De confirmarse responsabilidades en el plano administrativo, la causa podría derivar en nuevas imputaciones contra funcionarios actuales y exfuncionarios de los organismos nacionales de control sanitario.
La investigación sigue abierta y no se descartan más allanamientos en los próximos días.
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