El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió un nuevo recorte de 900 millones de pesos y desde ELA advirtieron sobre el impacto en embarazos no intencionales, acceso a derechos y proyectos de vida de mujeres y adolescentes.
En el marco del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtieron sobre el impacto de los recortes presupuestarios en el acceso a métodos anticonceptivos en Argentina. La directora del área Jurídica de ELA, Julieta Izcurdia, señaló que el Programa “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable” sufrió un nuevo ajuste de 900 millones de pesos.
Según los datos difundidos por la organización, la reducción del presupuesto provocó que unas 840 mil mujeres dejaran de estar protegidas por el sistema público desde 2024. Además, indicaron que la cobertura con métodos anticonceptivos cayó del 53% en 2025 al 34% proyectado para 2026.
“Lo que estamos viendo desde 2024 es que la inversión en esta política cayó a mínimos históricos”, sostuvo Izcurdia, directora del área Jurídica de ELA. La referente explicó que el programa representó “un 15% de lo que se había invertido en 2023 y apenas un 7% de lo que se invirtió en 2021”.
Desde ELA detallaron que la cantidad de mujeres que podían acceder a anticonceptivos en el sistema público pasó de más de 1,2 millones en 2024 a apenas 63 mil proyectadas para este año.
El impacto de los recortes en salud sexual
La organización señaló que la reducción en el acceso público a anticonceptivos entre 2023 y 2026 podría traducirse en 240 mil embarazos no deseados adicionales, más de 112 mil abortos evitables, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales.
“No es solo una cuestión de salud, sino que impacta en los proyectos de vida de las adolescentes y de las mujeres”, afirmó Izcurdia. En ese sentido, explicó que el acceso a anticoncepción permite prevenir infecciones de transmisión sexual, continuar estudios, sostener empleos y planificar la vida familiar.
La referente también remarcó que la política pública vinculada a la anticoncepción tiene un fuerte impacto económico. “Si se consideran los efectos en educación, en empleo, en productividad e incluso en recaudación tributaria, el retorno total de esa inversión es 20 veces más elevado que el valor de lo que cuesta sostenerla”, señaló.
Además, sostuvo que la reducción de la compra nacional de anticonceptivos “no es en realidad un ahorro” y advirtió que implica “menos oportunidades educativas, menos participación laboral, menos desarrollo, incluso más pobreza y mayores costos futuros para el país”.
Críticas al ajuste en políticas de género
Durante la entrevista, Izcurdia aseguró que los recortes se dan en un contexto de reducción general de las políticas vinculadas a género y diversidad. “Las políticas como esta, como las de prevención y atención frente a situaciones de violencia por razones de género, tuvieron un recorte que triplica al del gasto total”, indicó.
También planteó que el ajuste afecta la capacidad de decisión de mujeres y adolescentes sobre sus propios proyectos de vida. “Un gobierno que se postula abanderado de la libertad restringe la posibilidad de decisiones plenas y soberanas sobre nuestro cuerpo”, expresó.
La directora del área Jurídica de ELA sostuvo además que la prevención de embarazos no intencionales, especialmente en la adolescencia, es una herramienta para interrumpir situaciones de pobreza intergeneracional. “Invertir en salud sexual y reproductiva no es un gasto, sino una inversión y una política económica estratégica”, afirmó.
ESI, anticoncepción y salud mental
Izcurdia también vinculó los recortes presupuestarios con la falta de implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). Según explicó, además de caer la compra de anticonceptivos, se eliminaron actividades de capacitación docente y asesoramiento a adolescentes en las escuelas. “La ESI tiene el mismo problema de desfinanciamiento que tiene este programa de salud sexual”, indicó. Además, señaló que el Ejecutivo Nacional dejó de comprar medicamentos para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo.
La referente remarcó que actualmente el acceso a estas políticas depende de cada provincia. “Si la provincia está pudiendo sostener e invertir en esas políticas se está haciendo, sino sálvese quien pueda”, sostuvo.
Finalmente, Izcurdia señaló que la ESI también cumple un rol en la detección temprana de situaciones de violencia, abuso y problemáticas de salud mental. “Hay datos que muestran que los chicos y chicas que accedieron a la ESI pudieron identificar antes situaciones de abuso que quienes no accedieron”, concluyó.
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