Docente Universitario, trabajadores de las universidades nacionales alertaron sobre la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sector. Advierten sobre renuncias masivas, pérdida de poder adquisitivo y riesgo en el funcionamiento del sistema público.
La comunidad de las universidades nacionales volvió a encender las alarmas en el marco del Día del Docente Universitario. Docentes e investigadores denunciaron una crisis salarial y presupuestaria que afecta a más de 60 casas de estudio en todo el país y sostuvieron que la situación está provocando renuncias diarias de profesores.
Según explicó Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente se registran entre 10 y 12 renuncias de docentes por día a nivel nacional. “El Gobierno está poniendo excusas para no cumplir la ley porque efectivamente lo que buscan creo es un plan de destrucción de las universidades nacionales por goteo”, señaló Quiroga.
El reclamo se da luego de la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria, convocada para visibilizar la falta de presupuesto tanto en las universidades como en los hospitales que dependen de ellas. Los docentes sostienen las medidas de fuerza mientras reclaman una recomposición salarial.
Actualmente, un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple cobra alrededor de 260 mil pesos mensuales, una cifra que, según señalaron, no alcanza para cubrir gastos básicos de transporte y alimentación.
Crisis salarial y pluriempleo en las universidades
Pablo Bolcatto, doctor en Física y profesor de la Universidad Nacional del Litoral, describió el escenario que atraviesan los trabajadores universitarios. “Ahora lo que se está dando es que un investigador o un profesor lo que hace es hacer Uber o empezar a vender empanadas”, expresó Bolcatto sobre las alternativas que buscan muchos docentes para sostener sus ingresos.
El docente sostuvo además que el trabajo en las universidades públicas está ligado a una vocación de enseñanza e investigación. “Dar clases es una vocación en el caso de los que hacemos docencia e investigación, porque por un lado es la vocación docente propia de dar clases, de enseñar, transmitir conocimiento y correr la frontera un poquito más allá”, afirmó.
En ese contexto, Bolcatto remarcó que atraviesan uno de los momentos más complejos del sistema universitario. “Estamos en el peor de los momentos de mi vida profesional al menos porque por la simple razón de que la actitud del Gobierno Nacional es una actitud profundamente ideológica”, indicó.
Quiroga, por su parte, aseguró que muchos docentes continúan sosteniendo el funcionamiento de las universidades con esfuerzo personal. “Devolverle a la universidad pública todo lo que nos dio”, expresó al referirse al compromiso de quienes eligen seguir en el sistema educativo público.
Caída del presupuesto y reclamos al Gobierno nacional
Los datos difundidos por el grupo EPC y compartidos por Quiroga reflejan el impacto del ajuste sobre las universidades públicas. Desde diciembre de 2023, las universidades nacionales acumulan una caída del 37,3% de su presupuesto y para 2026 se proyecta el nivel más bajo de financiamiento en relación al PBI desde 1989.
Además, los salarios docentes perdieron 33,7 puntos de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y acumulan 17 meses consecutivos de caída. También denunciaron el recorte de más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura universitaria.
Los docentes sostienen que el principal reclamo es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según detalló Quiroga, la aplicación de esa norma permitiría que un docente que hoy percibe 260 mil pesos pase a cobrar 400 mil pesos.
En relación con las auditorías impulsadas por el Gobierno nacional, Quiroga afirmó: “Las facultades de Económicas, Derecho y la de Medicina de la UBA justamente fueron auditadas en 2024, y sus informes aprobados por unanimidad. Es importante aclarar que muchas otras universidades firmaron convenios con SIGEN”.
El conflicto salarial y el impacto en las clases
Los docentes también remarcaron que los salarios universitarios son abonados por el Estado nacional y no por las universidades. Explicaron que el 90% del presupuesto universitario está destinado al pago de haberes, por lo que la actualización salarial depende directamente de las decisiones del Gobierno.
Ante este escenario, advirtieron sobre la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza y avanzar con paros por tiempo indeterminado. “Si el gobierno cumpliera la ley se acabarían los paros y estaríamos todos dando clases”, concluyeron.
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