La mujer que había sido sobreseída por el ataque con combustible a una trabajadora de una panadería volvió a protagonizar un episodio que derivó en una nueva causa judicial. Según confirmó la subcomisaria Gabriela Campillay, escapó del Hospital de Área, llegó al predio de la Fiesta de la Tradición y golpeó a un chico de 12 años con el mango de un cuchillo. La Policía y la Fiscalía buscan alternativas para reforzar su custodia y evaluar un posible traslado fuera de la localidad.

La situación de la mujer que permanece internada en el Hospital de Área de El Bolsón, bajo custodia policial y en el marco de una internación involuntaria, sumó un nuevo episodio durante el último fin de semana. La paciente logró escapar del establecimiento de salud y, horas después, fue localizada en el predio donde se desarrollaba la Fiesta de la Tradición, donde habría agredido a un menor de 12 años.
La información fue confirmada por la subcomisaria Gabriela Campillay, a cargo de la Comisaría 12 de El Bolsón, durante una entrevista con InfoChucao. Según explicó, el sábado, alrededor de las 20, el personal policial tomó conocimiento de que la mujer había aprovechado un descuido de la empleada que cumplía funciones de consigna y había salido del hospital.
La situación activó un operativo de búsqueda en las inmediaciones del establecimiento, las plazas y distintos sectores de la localidad. También se desplegó personal en el predio de la Fiesta de la Tradición, ante la posibilidad de que la mujer se hubiera dirigido hacia ese lugar.
Finalmente, desde la organización del evento alertaron que la paciente había llegado al predio. Allí, de acuerdo con el relato policial, habría aprovechado un descuido de un jinete para tomar un cuchillo que llevaba consigo y posteriormente habría golpeado a un chico de 12 años con el mango del arma.
El ataque a un menor y una nueva denuncia
El chico fue trasladado al hospital, donde constataron que presentaba lesiones leves y hematomas. Posteriormente, su padre se acercó a la Comisaría 12 y radicó la denuncia correspondiente. Campillay explicó que la mujer debió ser reducida por varios efectivos policiales, debido a que se resistía al procedimiento. “Cuando se la logra reducir, la mujer presentaba bastante defensa, no quería ser reducida. Entre varios empleados policiales tuvimos que sujetarla”, relató la subcomisaria.
Además, confirmó que se inició una nueva causa judicial por este episodio, que ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y de una jueza de Bariloche. La mujer fue trasladada nuevamente al hospital, donde recibió asistencia del personal de salud.
El episodio vuelve a poner en discusión las condiciones en las que permanece internada y el esquema de custodia dispuesto para evitar que pueda escapar o protagonizar nuevas situaciones de violencia.
La custodia policial y el pedido de traslado fuera de El Bolsón
La situación de la mujer tiene como antecedente el ataque ocurrido el 30 de agosto en una panadería de calle Azcuénaga, donde una trabajadora fue rociada con combustible mientras cumplía sus tareas. La agresora habría intentado después encender fósforos para iniciar el fuego. La joven consiguió escapar y recibió asistencia médica.
En el marco de aquella investigación, la mujer fue sobreseída al ser considerada inimputable. Por ese motivo, continuó internada en el Hospital de Área de El Bolsón, bajo una consigna policial y a la espera de una resolución sobre su situación sanitaria y judicial.

Campillay explicó que mantuvo una reunión con integrantes del equipo de salud mental del hospital para analizar alternativas que permitan reforzar las medidas de cuidado. También señaló que la fiscal interviniente se comunicó con ella para manifestar su preocupación por lo ocurrido.
Una de las posibilidades planteadas fue utilizar un sistema de sujeción a la cama mediante vendas, siempre bajo supervisión del personal de salud. Sin embargo, la subcomisaria aclaró que no existe hasta el momento una autorización que habilite a la Policía a implementar esa medida.
“Nuestra responsabilidad ahí es que ella no se lastime y tampoco lastime a otra persona”, explicó Campillay. También indicó que solicitaron que la paciente permanezca sola en la habitación y que no se aloje a otra persona junto a ella. Esta solicitud corresponde a otro hecho de violencia protagonizado por la misma paciente que sufrió otra paciente al encontrarse internada en el mismo espacio.
La funcionaria reconoció las limitaciones que existen para garantizar la seguridad dentro del establecimiento sanitario y sostuvo que se analiza la posibilidad de trasladarla a otra localidad. “Hoy va a ser una nueva presentación para poder ver si a la señora se la puede sacar de la localidad y ser trasladada a otro lugar más complejo donde pueda tener otra clase de consignas o de cuidado”, adelantó.
Qué establece la Ley de Salud Mental y qué puede resolver la Justicia
El caso involucra dos ámbitos de intervención: el sanitario y el penal. La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 establece que un diagnóstico psiquiátrico, por sí solo, no permite presumir peligrosidad ni justificar una restricción de la libertad.
De acuerdo con el artículo 20, una internación involuntaria requiere acreditar un riesgo cierto e inminente para la propia persona o para terceros, además de demostrar que no existe una alternativa terapéutica menos restrictiva. También exige una evaluación interdisciplinaria y controles judiciales.
En el ámbito penal, el artículo 34 inciso 1 del Código Penal establece los criterios para evaluar la inimputabilidad. Las pericias psiquiátricas y psicológicas deben determinar si, al momento del hecho, la persona pudo comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.
Si se determina que es inimputable y persiste un riesgo para sí misma o para terceros, pueden disponerse medidas de seguridad con finalidad terapéutica, sujetas a revisiones periódicas y bajo los estándares de la Ley de Salud Mental.
En este contexto, la nueva denuncia por la agresión al menor suma una instancia judicial al expediente y vuelve a plantear la necesidad de encontrar un dispositivo de atención que contemple tanto los derechos de la paciente como la protección de las personas de su entorno.

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