El oficialismo buscará emitir dictamen el día de hoy sobre el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El texto incorpora penas alternativas, medidas educativas y garantías procesales específicas para adolescentes.
El oficialismo prepara el dictamen para avanzar la semana próxima con la baja en la edad de imputabilidad en Argentina. Actualmente, el Régimen Penal Juvenil fija el piso en los 16 años, pero el gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, impulsó un proyecto para reducirlo a los 13. Sin embargo, el texto que logró mayor consenso propone establecerla en los 14 años.
Luego de varias postergaciones por feriados y motivos institucionales, este lunes se reúne el plenario de comisiones integrado por Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia. Se espera que el oficialismo logre el dictamen con algunas concesiones.
El debate se aceleró tras varios hechos de inseguridad protagonizados por menores de edad. Uno de los casos que marcó la discusión fue el de Kim Gómez, una niña de 7 años asesinada por dos adolescentes de 14 y 17 años, tras el robo del auto a su madre.
Proyecto con consenso entre bloques
A pesar de que existen 15 proyectos en discusión, uno logró concentrar los apoyos necesarios. La iniciativa será debatida por más de 100 diputados de distintas comisiones, entre ellos Laura Machado (PRO), Roxana Reyes (UCR), José Luis Espert (La Libertad Avanza) y Manuel Quintar (LLA).
El bloque de Unión por la Patria rechaza en general la baja de edad, aunque el diputado Ramiro Gutiérrez, del massismo, presentó su propio proyecto, que establece la imputabilidad desde los 14 años. A pesar de las diferencias, hay coincidencias para derogar la actual Ley 22.278, vigente desde la última dictadura militar.
“Delito de adulto, pena de adulto”, fue la consigna que repitió el presidente Javier Milei para justificar el proyecto original del Ejecutivo, que proponía los 13 años como nuevo piso. Esa postura generó críticas de sectores opositores y especialistas.
Nuevos estándares para un régimen actualizado
El borrador con mayor consenso contiene 53 artículos distribuidos en once capítulos. Fue elaborado tras ocho sesiones informativas que comenzaron en agosto del año pasado, con la participación de especialistas, incluidos neurólogos que aportaron evidencia sobre la madurez cognitiva de los adolescentes de 14 años.
El texto reemplaza la normativa actual, que solo incluye 13 artículos y menciona instituciones inexistentes como el “patronato de menores”. Además, se ajusta a tratados internacionales firmados por Argentina, cuya omisión provocó sanciones en el pasado.
“El nuevo régimen se aplicará a adolescentes de entre 14 y 18 años, y establece que la edad se considerará al momento del hecho delictivo”, explicaron fuentes legislativas a Infobae.
Medidas alternativas y acompañamiento integral
El dictamen en discusión propone una serie de medidas complementarias para los casos en los que no se recurra a la privación de libertad. Entre ellas figuran el asesoramiento interdisciplinario, la inclusión en programas educativos, el tratamiento psicológico, la capacitación laboral y la obligación de presentarse ante el tribunal.
También se establece la prohibición del consumo de sustancias y la continuidad escolar obligatoria, eliminando la interrupción de estudios como forma de sanción. Estas medidas no están previstas en la ley vigente.
En cuanto a penas alternativas, el proyecto incluye la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño. La prisión queda reservada como última opción para los delitos más graves.
Privación de libertad y resocialización
El dictamen contempla formas atenuadas de cumplimiento, como la prisión domiciliaria, el instituto abierto y el cerrado especializado. Se prohíben expresamente la prisión perpetua y la reclusión perpetua para menores, y se establece un máximo de cumplimiento efectivo.
También se podrá sustituir parte de la pena una vez cumplidos dos tercios, bajo control judicial. En caso de internación, se notificará al juez civil competente para garantizar un seguimiento adecuado.
Uno de los ejes centrales fue evitar que adolescentes sean alojados en cárceles comunes o junto a adultos. Según los impulsores, esto busca proteger sus derechos sin dejar de atender la preocupación social por los delitos cometidos por menores.
Garantías procesales y rol del Estado
El texto también incorpora principios procesales específicos. Entre ellos: legalidad, debido proceso, in dubio pro minoris, proporcionalidad, resocialización, participación del adolescente, celeridad y posibilidad de expresarse públicamente.
Además, se reconoce la responsabilidad de los padres durante el proceso penal juvenil y la obligación del Estado de asegurar el acceso a educación, salud y formación laboral.
“El objetivo es garantizar un régimen penal juvenil diferenciado, con reglas claras, debido proceso y mecanismos efectivos de contención”, indicaron desde el plenario legislativo. Se espera que el dictamen
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