La legisladora rionegrina cuestionó la iniciativa del Ejecutivo nacional para modificar el régimen penal juvenil y alertó sobre el avance del Estado en territorios protegidos y estratégicos de la provincia.
La propuesta del Ejecutivo nacional de bajar la edad de punibilidad volvió a instalarse en el debate público y legislativo. Desde Río Negro, la legisladora provincial Magdalena Odarda fijó una posición crítica y advirtió sobre sus implicancias jurídicas, sociales y presupuestarias para las provincias.
En diálogo con la radio 105.5, la dirigente señaló que se trata de una iniciativa recurrente que no logra consenso amplio. “Esta es una propuesta que ya se está haciendo desde hace muchos años y siempre se ha frustrado”, afirmó Odarda, y explicó que la oposición proviene de jueces del fuero penal juvenil, organismos de derechos humanos y distintos credos religiosos.
Según expresó, el proyecto no responde al problema de la inseguridad y contradice compromisos asumidos por el país. “No es una respuesta seria al problema de la inseguridad en nuestro país y representa un verdadero retroceso por los estándares internacionales vinculados a la Convención sobre los Derechos del Niño”, sostuvo la legisladora rionegrina.
Odarda remarcó que las discusiones en el Congreso oscilan entre los 13 y 14 años como nueva edad de imputabilidad. “Significa encarcelar a un niño en un lugar donde corre riesgo su vida”, advirtió, y agregó que el sistema penitenciario no garantiza condiciones de reinserción social, como establece la Constitución.
Régimen penal juvenil y rol del Estado
La legisladora fue más allá al afirmar que la medida no tendrá impacto en la reducción del delito. “No va a resolver absolutamente nada y es un proyecto castigo a los niños pobres”, expresó, y vinculó la iniciativa con otras discusiones legislativas en curso a nivel nacional.
En ese sentido, sostuvo que el debate sobre la edad de punibilidad desplaza otros temas. “Está corriendo del eje discusiones gravísimas, como la reforma laboral”, indicó, y recordó que la Iglesia Católica también se manifestó en contra de la baja de la imputabilidad.
Consultada sobre la viabilidad parlamentaria, Odarda consideró que el oficialismo podría reunir los votos necesarios. “Hay legisladores que se suman a un discurso muy peligroso para la democracia y el Estado de Derecho, que es la criminalización de los niños humildes”, afirmó.
También advirtió sobre el impacto directo en las provincias. “El proyecto establece que el financiamiento de los establecimientos para la detención de niños va a tener que ser financiado por Río Negro”, señaló, y cuestionó las garantías de salud y integridad en un contexto de cárceles provinciales colapsadas.
Áreas protegidas y fraccionamiento de tierras
Otro de los ejes abordados fue la denuncia por el fraccionamiento y comercialización ilegal de tierras dentro del área natural protegida Río Limay, impulsada junto a la legisladora Agilene Espósito. Odarda explicó que se trata de un reclamo de vecinos y organizaciones de San Carlos de Bariloche que se remonta a 2007.
“El fraccionamiento es en parte del paisaje protegido, específicamente en el anfiteatro del río Limay”, detalló, y recordó que la ley que protege la zona fue aprobada en 1995 y fija prescripciones estrictas para el cuidado de la biodiversidad.
Según indicó, actualmente hay nueve lotes destinados a turismo en venta en distintas inmobiliarias. “Se avanzó no solo en aprobar el fraccionamiento, sino en la venta de lotes, sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública”, afirmó Odarda.
Ante esta situación, desde el bloque Vamos con Todos solicitaron informes a la Secretaría de Ambiente y reclamaron la convocatoria urgente a una audiencia pública. “Pedimos como medida preventiva que se suspenda la venta de lotes para evitar un daño ambiental irreversible”, sostuvo la legisladora.
Aeródromo privado y control estatal
Finalmente, Odarda se refirió al pedido de informes por el aeródromo privado en Sierra Grande, vinculado a Joe Lewis, y lo relacionó con la extranjerización de la tierra. “Es un aeropuerto con dimensiones similares a la pista de Bariloche, en un área sensible para la seguridad nacional”, afirmó.
La legisladora cuestionó la falta de controles estatales. “No hay presencia de prefectura ni gendarmería para monitorear el movimiento aéreo”, señaló, y agregó que incluso se impidió el ingreso a una inspección de la policía provincial.
Odarda también vinculó el aeródromo con los proyectos en marcha en el Golfo San Matías. “Queremos saber qué rol va a cumplir este aeropuerto en un proyecto estratégico que ya está en marcha”, afirmó, y reclamó explicaciones al gobernador y al ministro de Gobierno sobre los mecanismos de control en una zona considerada estratégica para la provincia y el país.
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