El Congreso discute una reforma a la norma que protege glaciares y ambientes periglaciares, mientras especialistas y organizaciones advierten sobre el impacto en la protección de las reservas de agua
El Senado de la Nación debate este jueves una modificación a la Ley Nacional de Glaciares (26.639), una de las principales normas ambientales del país, en un contexto marcado por la presión política para aprobarla antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.
Sancionada en 2010, la ley vigente protege de forma integral todos los glaciares y el ambiente periglacial como bienes públicos y reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el abastecimiento de las provincias cordilleranas durante los meses sin lluvias.
La normativa fue ratificada como constitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2019 y establece que la autoridad científica es la encargada de definir qué áreas deben ser protegidas, en base a estudios técnicos elaborados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone redefinir ese esquema para otorgar mayor autonomía a las provincias en la delimitación de los cuerpos de hielo y zonas periglaciares que quedarán bajo protección legal.
Autonomía provincial y criterios en discusión
La iniciativa introduce el criterio de “relevancia hídrica” para evaluar si una geoforma debe ser protegida. Bajo ese enfoque, si un glaciar o ambiente periglacial no es considerado relevante para el aporte de agua, las provincias podrían habilitar actividades económicas como la minería o la exploración de hidrocarburos.
Las provincias del norte de la cordillera, donde tienen peso los sectores mineros y energéticos, respaldan la reforma y sostienen que permitirá atraer inversiones, mejorar la gestión de recursos y respetar el dominio provincial sobre los recursos naturales reconocido por la Constitución Nacional.
En contraste, especialistas y organizaciones ambientales advierten que el cambio puede generar incertidumbre sobre qué zonas quedarían protegidas y desplazar los criterios científicos en favor de decisiones con mayor peso político.
También señalan que el proyecto no define con precisión cómo se determinará la relevancia hídrica ni prevé presupuesto para mantener actualizado el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta central del esquema actual.
Advertencias científicas y debate de fondo
“La importancia de la Ley de Glaciares radica en la protección que brinda a reservas de agua dulce tanto para consumo humano como para el funcionamiento de los ecosistemas y la producción en regiones donde el deshielo es clave en años secos”, explicó un investigador glaciólogo a la prensa.
El especialista advirtió que todos los cuerpos de hielo contribuyen al sistema hidrológico, ya sea de manera directa o mediante la recarga subterránea, y que limitar ese enfoque técnico puede afectar la disponibilidad de agua.
Desde el ámbito académico y ambiental también se cuestiona la constitucionalidad de la reforma, al considerar que podría vulnerar el principio de no regresión ambiental y debilitar los presupuestos mínimos de protección que la Constitución obliga a garantizar.
El debate en el Senado se desarrolla en un escenario de movilizaciones y pronunciamientos públicos a favor y en contra del proyecto. Si obtiene media sanción, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados en marzo, extendiendo una discusión que expone dos modelos en tensión: uno orientado a la promoción de inversiones extractivas y otro enfocado en sostener un sistema de protección uniforme basado en criterios científicos.
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