El Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de la ESMA dejarán de ser organismos descentralizados y pasarán a depender del CIPDH; organismos de derechos humanos advierten por el impacto en las políticas de memoria.
El Poder Ejecutivo nacional decidió avanzar con la reorganización institucional del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio de la ESMA, que dejarán de ser organismos descentralizados. A partir de ahora, ambos espacios pasarán a funcionar como unidades organizativas internas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
El decreto que oficializa la medida fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Allí se detalla que el objetivo es “concentrar funciones, personal y recursos bajo una misma entidad”. Además, se asegura la continuidad de las actividades y la preservación de los archivos documentales.
En paralelo, se informó que la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria quedará bajo la órbita directa de la Secretaría de Derechos Humanos. No obstante, esa dependencia fue degradada recientemente al rango de Subsecretaría.
La reducción implicó un recorte del 40% en su estructura y del 30% en la planta de personal, con un ahorro estimado por el Estado de 9.000 millones de pesos anuales.
Cambios bajo el argumento de la emergencia pública
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, donde se ordena la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio ESMA Ex-Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Ambas instituciones, hasta ahora organismos desconcentrados de la Secretaría de Derechos Humanos, serán absorbidas por el CIPDH.
El Gobierno justificó el cambio como parte de un proceso de “revisión estructural” que se enmarca en la declaración de emergencia pública establecida en la Ley 27.742. Según se detalla en la norma, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público elaboró un relevamiento que da cuenta de un incremento en el personal de los organismos descentralizados: de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024.
Ese crecimiento, de acuerdo con el texto oficial, refuerza la necesidad de reducir la superposición de estructuras, concentrar funciones y facilitar una gestión más centralizada en el Estado.
Críticas de organismos de derechos humanos
La medida fue duramente cuestionada por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “La gestión del presidente Javier Milei está quebrando todo lo que se ha hecho”, declaró.
Carlotto expresó además su preocupación por el desinterés del actual Gobierno ante los planteos de los organismos de derechos humanos: “Se le ha presentado todo un material explicativo a este Gobierno de lo que hacemos y lo archivaron. Esta gente no tiene corazón, no tiene alma. No es solamente el presidente, es también su entorno”.
Las declaraciones fueron realizadas en el marco del décimo aniversario del Museo de la ex ESMA, que se celebra este viernes con un acto previsto a las 17 horas. Según informaron desde la organización, el objetivo de la actividad es “cuidar la Memoria, transmitir la Verdad y acompañar la Justicia”.
El futuro de la memoria en debate
“Estamos con un Gobierno muy peligroso y muy dañino. Están haciendo llorar a todo el país”, concluyó Carlotto en sus declaraciones.
Hasta el momento, desde el Poder Ejecutivo no se anunciaron nuevas medidas respecto al resto de los espacios de memoria ni se informó si se prevén más cambios en el esquema institucional del área de Derechos Humanos.
El traspaso de funciones y recursos al CIPDH marca una nueva etapa para dos de los espacios emblemáticos de la política de memoria, verdad y justicia en Argentina, que tendrán ahora una dependencia directa dentro de un centro internacional bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Desde los organismos de derechos humanos continúan reclamando que se reviertan estas decisiones, señalando que las transformaciones impulsadas afectan directamente el trabajo de preservación de la memoria histórica en el país.
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