El acuerdo contempla aumentos para docentes y no docentes, más fondos para becas y hospitales universitarios. Sin embargo, las universidades sostendrán la causa judicial para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario con el objetivo de aliviar el conflicto que mantienen las universidades públicas por la falta de fondos para garantizar su funcionamiento.
A pesar del entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuarán con la demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y todavía sin ejecución por parte del Poder Ejecutivo.
La propuesta acordada contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos etapas. El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. Según se informó, la actualización busca compensar parte de la pérdida acumulada de los salarios universitarios durante los últimos años.
Además, el acuerdo incluye el compromiso oficial de evitar que los haberes de docentes y no docentes continúen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación durante 2026. También prevé una nueva instancia de negociación paritaria con los gremios del sector.
Más fondos para becas y hospitales universitarios
Entre los puntos incluidos en el acuerdo se encuentra un aumento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo del país.
A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios, uno de los aspectos incorporados dentro del entendimiento alcanzado entre las partes.
Las conversaciones también abordaron la situación de los docentes de establecimientos preuniversitarios, quienes se vieron afectados por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), uno de los principales reclamos planteados por los sindicatos.
La disputa judicial sigue en la Corte Suprema
Pese al acuerdo, los rectores ratificaron que continuarán impulsando la causa judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Actualmente existe una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida por un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
La resolución definitiva del conflicto quedó en manos de la Corte Suprema, que deberá definir sobre la vigencia de la normativa y su implementación.
Desde el Ejecutivo sostienen que la ley sancionada por el Congreso es inviable porque no identifica una fuente específica de financiamiento, tal como exige la normativa de administración financiera del Estado.
Por su parte, los gremios universitarios mantienen una postura cautelosa. Desde la CONADU señalaron que todavía esperan una convocatoria formal a paritarias y advirtieron que seguirán atentos al cumplimiento de los compromisos asumidos.
Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y movilización, a la espera de una resolución judicial y de avances concretos en la negociación salarial.
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