El Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió de manera unánime elevar a juicio de destitución el caso del juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel, Claudio Petris, denunciado por enriquecimiento patrimonial, abuso de poder e inconducta grave.
La decisión se tomó durante la sesión celebrada este jueves en Puerto Madryn, a partir de la denuncia presentada por el Fiscal de Estado, Andrés Meiszner, tras una investigación penal iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal.
La causa penal lleva el número 145.262 y surgió a partir de un informe periodístico y de una entrevista radial. El expediente analiza tres presuntas irregularidades: enriquecimiento patrimonial injustificado, abuso de poder y conflicto de intereses, e inconducta personal grave.
Entre los hechos denunciados se mencionan ocultamiento de bienes, uso de testaferros —como en el caso del vehículo Mini Cooper— y fallos emitidos en causas donde existiría amistad o relación personal con las partes. También se incorporaron declaraciones públicas que mencionan presuntos episodios de acoso y amenazas.
El descargo del magistrado
Notificado del sumario, Petris, asistido por su abogado Nicolás Mendive, presentó un descargo en el que negó todas las imputaciones y calificó el proceso como una “persecución por razones políticas que interesan al Gobernador personalmente”.
El juez solicitó la suspensión del trámite hasta después del plebiscito provincial por los fueros y planteó la nulidad por “vaguedad y ambigüedad”, argumentando que la denuncia “no contiene una relación circunstanciada, clara y precisa de los hechos” y que se basa en publicaciones periodísticas.
En relación al “Caso Mini Cooper”, negó haber usado un testaferro y sostuvo que el vehículo era utilizado por Santiago Orieta, “una persona con medios económicos”. También rechazó los señalamientos de índole sexual, calificándolos como “total y absolutamente falsos”.
Sobre el vínculo con el exfutbolista Aldo Duscher, afirmó que la relación era “meramente social” y que no justificaba su excusación en causas vinculadas.
Las pruebas y la instrucción del caso
La consejera instructora Mabel del Mármol señaló la incompatibilidad del cargo de magistrado con el ejercicio del comercio como causal de mal desempeño. Según su dictamen, existe una constancia de inscripción ante la AFIP bajo el rubro “Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas y eventos”, con inicio en agosto de 2025, lo que acreditaría una actividad empresarial formal.
Del Mármol consideró que esta inscripción “no representa una mera tenencia pasiva de bienes, sino el alta para el ejercicio activo de una empresa comercial”, lo cual está prohibido por la normativa provincial para quienes ejercen la magistratura.
El dictamen también cuestiona la falta de excusación del juez en la causa “Fiori, Vanina c/ Duscher, Aldo Pedro s/ Alimentos”, donde habría existido una relación de amistad y vínculos familiares cruzados entre el magistrado y una de las partes. Testimonios y documentación señalan que ambos compartieron eventos sociales y familiares, lo que, según la instructora, debía motivar su apartamiento.
Fiori declaró haber visto a Petris conduciendo vehículos propiedad de Duscher, entre ellos un Mini Cooper y una Amarok, hechos que demostrarían “una gran familiaridad” entre ambos.
Patrimonio y maniobras financieras
El dictamen menciona además un análisis del patrimonio del magistrado y su entorno, que incluiría numerosos vehículos y propiedades. Sobre el Mini Cooper (Dominio GWZ214), se verificó una cadena de titularidad que habría pasado de Duscher a Orieta y finalmente a Antonella Petris Gallelli, hija del magistrado.
Se señala que Orieta —titular del vehículo entre 2017 y 2022— obtuvo un beneficio para litigar sin gastos por “carencia de bienes” en 2021, lo que genera dudas sobre la operación. Para la instructora, el uso de un vehículo de alta gama vinculado a una causa donde intervino el juez “sugiere una maniobra de ocultamiento patrimonial y un eventual abuso de poder”.
Del Mármol agregó que “ha quedado acreditado mediante declaración jurada que el Dr. Petris donó a su hija más de 18 millones de pesos en efectivo para la adquisición de un vehículo de lujo”, lo que plantea interrogantes sobre el origen de los fondos.
Resolución del Consejo y paso al Tribunal de Enjuiciamiento
Tras la evaluación de la prueba, la instructora concluyó que “se han acreditado conductas incompatibles con la función judicial que configuran la causal de mal desempeño”.
El pleno del Consejo de la Magistratura votó por unanimidad elevar las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento, solicitando además que se analice la suspensión del magistrado en sus funciones y del pago de sus haberes, conforme al artículo 25 de la Ley V N° 80.
El dictamen sostiene que “la confusión entre lo público y lo privado, la ausencia de excusación, los aspectos patrimoniales y la violación del régimen de incompatibilidades” configuran un quebrantamiento de la confianza pública que afecta la imagen de la magistratura.
Con esta decisión, se conformará la Comisión de Acusación, que tendrá facultades para representar al Consejo y ampliar la acusación ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que definirá si el juez Claudio Alejandro Petris es finalmente destituido.
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