El magistrado civil Cristian Tau Anzoátegui intimó al municipio encabezado por Walter Cortés a brindar detalles sobre la gestión de residuos y el funcionamiento del vertedero. El caso se enmarca en el amparo impulsado por vecinos desde 2019 ante los reclamos por contaminación y reiterados incendios en el predio.
El juez civil Cristian Tau Anzoátegui emplazó al municipio de San Carlos de Bariloche a informar “en forma detallada” las tareas vinculadas con la recolección y tratamiento de residuos urbanos, así como el estado operativo del vertedero municipal, ubicado en el ingreso sur de la ciudad. La medida responde al expediente iniciado por vecinos y organizaciones en 2019, quienes denunciaron afectaciones a la salud y el incumplimiento de normas que prohíben basurales a cielo abierto en áreas urbanas.
La resolución judicial también dispone que técnicos del Conicet realicen una pericia sobre el Centro de Residuos Urbanos Municipales (CRUM), ante las reiteradas quejas por emanaciones y focos de incendio en el predio. El magistrado solicitó que el informe incluya el relevamiento del régimen de tratamiento actual, infraestructura, controles de acceso y medidas de seguridad implementadas por el municipio.
El expediente, que ya tuvo resoluciones parciales y apelaciones, aún no logró el objetivo principal de los amparistas: el cierre definitivo del basural. El juez busca ahora obtener un diagnóstico actualizado con respaldo técnico que permita avanzar en el proceso judicial.
Entre los puntos de pericia solicitados, el juez incluyó un análisis del cercado del predio, la existencia de cámaras de seguridad, los controles de ingreso, la metodología de clasificación de residuos y el mapeo de caminos internos del vertedero.
Relevamiento ambiental y registro de incendios
La resolución judicial también pone el foco en los impactos ambientales. Se pidió a los peritos del Conicet que determinen “si hay contaminación o no y si ello se manifiesta en el suelo o en el ambiente”, además de verificar la existencia de sistemas de tratamiento de lixiviados y otras medidas que garanticen un manejo adecuado de los residuos.
El juez solicitó asimismo un registro sobre “la cantidad de incendios ocasionados en el CRUM desde 2019 hasta la actualidad y si se pueden determinar sus causas”. Según los amparistas, esta tarea será compleja porque los incendios son recurrentes, especialmente en épocas de viento, y las acciones preventivas han resultado insuficientes. La última crisis de este tipo se produjo la semana pasada, cuando el humo se expandió sobre buena parte de la ciudad.
En paralelo, Tau Anzoátegui requirió al municipio que, en un plazo de diez días, informe cuál es el plan vigente para el tratamiento de basura, incluyendo el registro de volúmenes, los métodos de recolección y clasificación, el manejo de residuos forestales, y la maquinaria utilizada.
El pedido también abarca precisiones sobre la existencia de “puntos verdes” en la ciudad, las zanjas de drenaje, el tratamiento de gases y líquidos percolados, y la gestión de aguas pluviales. Según se informó, el secretario de Servicios, Jorge Quilaleo, no respondió las consultas de la prensa sobre el tema.
Avances judiciales y una mesa de trabajo local
Uno de los amparistas, Tomás Guevara, explicó que el expediente judicial tuvo “una apelación ante el STJ, un cambio de juez y un fallo reciente que acogió reclamos, aunque sin plazos estrictos de ejecución”. Consideró que la nueva pericia del Conicet representa “un gran paso adelante” para profundizar el seguimiento técnico del caso.
Además, Guevara valoró la intervención de la Defensora del Pueblo municipal, Mariana Miruth, quien resolvió “abocarse al conflicto del vertedero” y propuso la creación de una mesa de trabajo con todas las partes involucradas, con el objetivo de evaluar soluciones posibles al problema del tratamiento de residuos en Bariloche.
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