Una exempleada del Poder Judicial de Río Negro acordó suspender el juicio a prueba en una causa por defraudación contra la administración pública, luego de haber sido cesanteada por desempeñar tres trabajos simultáneos y devolver más de $45 millones.
Una exempleada judicial que fue despedida del Poder Judicial de Río Negro por tener tres trabajos en simultáneo acordó una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, en la causa penal que se inició por defraudación contra la administración pública.
La mujer trabajaba en los tribunales de Cipolletti y, mientras cobraba su salario judicial, también percibía ingresos de la Municipalidad de San Martín de los Andes y de la Obra Social de Petroleros Privados. La normativa que regula el empleo judicial prohíbe ejercer otros cargos o actividades remuneradas, salvo determinadas tareas académicas.
El Poder Judicial dispuso su cesantía, reclamó la devolución de más de $45 millones y promovió una denuncia penal. En la causa judicial, la identidad de la exempleada no se difunde porque el juez de Garantías Juan Puntel ordenó la reserva por cuestiones vinculadas con su salud.
La acusación fiscal por los trabajos simultáneos
La investigación comenzó a partir de una actuación administrativa dentro del Poder Judicial, que derivó en la sanción disciplinaria, el reclamo económico y la denuncia penal. Según la acusación del fiscal Diego Vázquez, la mujer utilizó licencias para ausentarse de su puesto mientras trabajaba en otras instituciones.
Según la fiscalía, la exempleada “se valió de diversas licencias para ausentarse de su puesto laboral, con intenciones de defraudar a la Administración Pública”, indicó el Ministerio Público Fiscal.
En la acusación se detalló que, mientras usufructuaba esas licencias, fue designada en la Municipalidad de San Martín de los Andes entre junio y octubre de 2022 y luego en la Obra Social de Petroleros Privados desde octubre de 2022 hasta agosto de 2024, percibiendo remuneraciones simultáneas.
La fiscalía sostuvo que “todo lo expresado, lo realizó a sabiendas de que le estaba vedada la posibilidad de ejercer cualquier otro cargo que no sea dentro del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro”, y estimó que el perjuicio económico por los salarios cobrados alcanzó los $20.669.213,51 hasta el 31 de enero de 2025, según consta en la acusación.
Devolvió más de $45 millones al Poder Judicial
El proceso administrativo avanzó por separado de la causa penal. En esa instancia, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro determinó el perjuicio económico y resolvió la cesantía de la empleada.
La exempleada acordó devolver al erario público $45.278.300,45, monto que incluyó el capital y los intereses calculados sobre los salarios percibidos del Poder Judicial durante los períodos en los que también tenía otros empleos.
El pago fue acordado en cuatro cuotas mensuales. La mujer abonó las dos primeras dentro del plazo establecido y anticipó las restantes. Tras la devolución completa del dinero, a fines de 2025, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas cerró su intervención.
La restitución económica no puso fin a la causa penal iniciada por defraudación contra la administración pública. En ese expediente, la exempleada solicitó acceder a la probation para evitar la realización del juicio oral.
Las condiciones para evitar el juicio
El acuerdo le permitirá evitar el juicio siempre que cumpla con las pautas de conducta fijadas durante el período establecido por la Justicia. Entre ellas, deberá fijar domicilio y comunicar cualquier modificación, abstenerse de consumir estupefacientes y alcohol y someterse al control de la oficina especializada en suspensiones de juicio a prueba de Neuquén.
Además, deberá realizar una reparación económica de $500.000, dividida en dos cuotas consecutivas de $250.000. La primera venció el 15 de julio y la segunda deberá abonarse antes del 15 de agosto de 2026.
El dinero será destinado al Jardín de Infantes N.º 15 Valle de Ensueño de Cipolletti. Si cumple con todas las condiciones establecidas, la causa penal podrá extinguirse sin que se concrete el juicio.
Cuando el Superior Tribunal de Justicia dispuso la cesantía, la resolución administrativa fue publicada con los datos completos de la empleada. Sin embargo, en el expediente penal presentó un certificado médico y solicitó preservar su identidad. El juez Juan Puntel aceptó el pedido y ordenó mantener la reserva por razones vinculadas con su salud mental.
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