Los incendios forestales en la Patagonia, con más de 200 mil hectáreas afectadas, activaron iniciativas legislativas para endurecer sanciones penales y reabrieron el debate sobre el alcance del DNU que declaró la Emergencia Ígnea sin recursos adicionales.
Los incendios forestales en la Patagonia ingresaron de lleno en la agenda del Congreso de la Nación, con proyectos que proponen incorporar el delito de ecocidio al Código Penal y elevar las penas por daños ambientales. La discusión se da en paralelo a la declaración de la Emergencia Ígnea, dispuesta por decreto del presidente Javier Milei.
El avance del fuego sobre el bosque andino patagónico mantiene focos activos desde hace casi dos meses y dejó pérdidas en biodiversidad, infraestructura productiva y viviendas. Según los datos incluidos en los proyectos legislativos, el fuego ya arrasó más de 200 mil hectáreas en distintos puntos de la región.
Uno de los focos más relevantes se registra en el Parque Nacional Los Alerces, donde las llamas comenzaron el 9 de diciembre tras la caída de un rayo y consumieron más de 20 mil hectáreas. Esa situación es citada como antecedente central en los fundamentos de las iniciativas parlamentarias.
En ese marco, el propio Poder Ejecutivo reconoció en el decreto que declaró la Emergencia Ígnea que la capacidad de respuesta estatal fue superada. Sin embargo, desde sectores opositores cuestionan que la medida no incluya la asignación de recursos extraordinarios para la prevención y el combate del fuego.
Ecocidio y reformas al Código Penal
La senadora Edith Terenzi, de la UCR, reactivó un proyecto para incorporar el delito de ecocidio como una forma específica de criminalidad ambiental. La iniciativa establece penas de 3 a 10 años de prisión y multas económicas para quienes provoquen daños graves al ambiente.
El texto prevé un agravamiento de 5 a 15 años de prisión cuando el daño sea irreversible y sanciones más severas si intervienen funcionarios públicos, con inhabilitación perpetua. Además, fija condenas de 5 a 25 años de prisión cuando el ecocidio provoque la muerte de una persona.
La propuesta retoma antecedentes internacionales, como la legislación aprobada en Chile en 2023 y la incorporación del ecocidio al Código Penal de Bélgica en 2024, citadas como referencia en los fundamentos del proyecto.
En la Cámara de Diputados también avanzan iniciativas para elevar las penas por incendios. Una de ellas es impulsada por Marcela Pagano, del bloque Coherencia, y propone modificar el artículo 186 bis cuando los incendios afecten bosques nativos protegidos.
Penas, responsabilidades y debate abierto
En ese sentido, Pagano sostuvo “tenemos que elevar las penas y que sean efectivas, que no quede en la nada. Y también involucrar a los funcionarios que no cumplen protocolos ni la responsabilidad de aplicar los presupuestos para la prevención”, según declaró a Página/12.
Otra iniciativa fue presentada por el diputado Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, y plantea penas de 5 a 15 años de prisión, además de inhabilitación especial, para quienes provoquen incendios que generen peligro común o daño ambiental.
El debate legislativo también pone el foco en el origen de los incendios. En Argentina, el 95 por ciento de los incendios forestales está asociado a acciones humanas, ya sea por impericia o de manera intencional, en muchos casos vinculadas a intereses económicos.
Desde organizaciones ambientales advierten sobre los límites de un enfoque centrado sólo en el castigo penal. Hernán Giardini, director de la campaña de bosques de Greenpeace, afirmó “este tipo de proyectos que sólo se enfocan en los incendios no alcanzarán para la protección de la biodiversidad”, en declaraciones públicas sobre el debate en curso.
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