Un ciudadano chileno imputado por un intento de robo agravado fue deportado tras comprobarse que no registraba ingreso legal a la Argentina. La Justicia provincial continuará con la causa penal mientras rige una prohibición de reingreso por ocho años.
Un ciudadano chileno fue expulsado de la Argentina luego de ser imputado por un intento de robo agravado en una vivienda de Bariloche. La medida se adoptó después de que las autoridades comprobaran que había ingresado al país sin registrar un paso legal por los controles migratorios.
El hombre, con domicilio declarado en Santiago de Chile, había sido detenido tras un intento de robo en una vivienda particular. Al verificarse su situación migratoria irregular, intervinieron organismos federales para concretar su deportación y establecer una prohibición de reingreso al país por ocho años.
De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, el acusado actuó junto a otros tres hombres, quienes rompieron uno de los cristales de la vivienda para ingresar con la intención de sustraer distintos elementos de valor.
El grupo intentó llevarse una mochila que contenía una consola de videojuegos de última generación y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, un operativo policial permitió detener al ciudadano chileno y a otro de los sospechosos en las inmediaciones del domicilio, mientras que los otros dos escaparon hacia un sector boscoso.
Intervino Migraciones y ordenaron la expulsión
Tras su detención, el hombre fue imputado por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa. La Fiscalía había obtenido la prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga mientras avanzaba la investigación.
La situación cambió con la intervención de Gendarmería Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, que constataron, tras consultar las bases de datos oficiales, que el acusado había ingresado al país de manera clandestina, sin cumplir los controles migratorios.
Ante esa situación, las autoridades aplicaron la Ley 25.871 y dispusieron su expulsión inmediata del territorio argentino. La resolución también estableció una prohibición de reingreso al país por un plazo de ocho años.
La causa penal continuará en Río Negro
Para concretar la deportación fue necesario resolver previamente la situación procesal del imputado. En una nueva audiencia, el fiscal Gerardo Miranda solicitó dejar sin efecto la prisión preventiva para permitir su entrega a las autoridades federales. La medida contó con la conformidad del defensor oficial Manuel Segundo Mansilla.
El juez de garantías Ricardo Calcagno autorizó el cese de la prisión preventiva y ordenó que el acusado fuera entregado bajo custodia al personal de Migraciones, en condición de detenido, para iniciar el traslado hacia el límite internacional y concretar su expulsión.
Antes de abandonar el país, la Justicia dispuso que el imputado fijara un domicilio legal en Santiago de Chile y dejara un número de contacto para responder a futuras notificaciones. La causa penal continuará su trámite en los tribunales de Río Negro, pese a la deportación del acusado.
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