La denuncia del secretario de infraestructura, Hernán Tórtola, ha desatado una investigación judicial que expone posibles negociaciones incompatibles con la función pública, involucrando a Mauro Palma y empleados de servicios públicos. Con múltiples allanamientos realizados y la colaboración de equipos especializados en delitos económicos, el caso continúa revelando nuevos detalles y la posible implicación de más personas.
La investigación judicial en curso sobre Mauro Palma y Marcelo Mamoliti ha generado importantes avances. El secretario de infraestructura, Hernán Tórtola, denunció negociaciones incompatibles con la función pública. El fiscal interviniente en la causa, Carlos Díaz Mayer comentó que “desde servicios públicos se habrían generado diferentes empresas que eran los únicos que daban los servicios y que solo lo hicieron a través de esos servicios era que se daba la factibilidad para un loteo”. Estas empresas estarían relacionadas directamente con Mauro Palma y empleados de servicios públicos.
Díaz Mayer informó que el 22 de febrero realizaron 8 allanamientos en Lago Puelo, buscando información, teléfonos, computadoras y documentación, y que “dieron casi todo resultado positivo”. En estos días, vienen dos equipos especialistas en delitos económicos para profundizar en la investigación.
Actualmente, Mauro Palma y Marcelo Mamoliti están imputados y estuvieron en prisión preventiva hasta el viernes pasado, cuando las juezas de la jurisdicción les otorgaron libertad. “El domingo dos jueces de Esquel confirmaron la libertad de los dos, así que bueno, están en libertad y bueno, estamos investigando, profundizando y viendo hasta dónde nos lleva la investigación”.
Sobre denuncias previas, Díaz Mayer indicó que hay una denuncia antigua de 3 o 4 años que quedó en la nada, presentada por un ingeniero de Esquel por una irregularidad en la usurpación de títulos, pero que fue desarchivada para corroborarla con la nueva denuncia y la investigación actual.
Además de Palma y Mamoliti, se cree que otros empleados de servicios públicos podrían estar implicados. “Los allanamos el fin de semana, allanamos también hace 10 días a otros dos. Todos serían hasta ahora empleados de servicios públicos o tendrían relación directa con algún empleado de servicios públicos”. Se están analizando posibles delitos contra la administración pública en conjunto con fiscales. Por ahora, todos los implicados están en libertad.
Con estos antecedentes, se espera que la investigación arroje luz sobre las irregularidades denunciadas y se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables.
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