El Presidente anunció que el Gobierno trabaja en una iniciativa para establecer un mecanismo de cierre automático de actividades estatales no esenciales cuando se agoten las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.
El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno nacional trabaja en un proyecto de ley para implementar un mecanismo de “shutdown” o apagón del Estado en Argentina, inspirado en el sistema vigente en Estados Unidos. La iniciativa busca establecer un límite al gasto público cuando se agoten los recursos autorizados por el Congreso.
El proyecto plantea un límite estricto al gasto, que impediría al Poder Ejecutivo seguir comprometiendo o ejecutando recursos públicos una vez que se consuman las partidas presupuestarias aprobadas por el Poder Legislativo.
De avanzar la propuesta, también se prevé la paralización de los servicios no esenciales. En ese escenario, las actividades y organismos que no sean considerados críticos deberían suspenderse de manera inmediata, lo que podría implicar licencias para empleados públicos y la postergación de trámites.
Qué servicios continuarían funcionando
Según los lineamientos del proyecto, solo permanecerían operativos los servicios esenciales vinculados con la seguridad nacional, la salud pública, la defensa y las emergencias.
La iniciativa también apunta a establecer una disciplina fiscal automática, con el objetivo de impedir que el Estado financie gastos por encima de sus capacidades reales o mediante emisión monetaria. Esta medida se plantea como complemento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Qué cambiaría respecto del sistema actual
Actualmente, la normativa argentina permite la prórroga automática del presupuesto anterior para evitar la paralización de la administración pública cuando no se aprueba un nuevo presupuesto.
El proyecto impulsado por el Gobierno requeriría una modificación de la Ley de Administración Financiera, mediante una ley específica que establezca un cierre automático del Estado ante la falta de fondos o de autorización legislativa para continuar ejecutando recursos públicos.
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