El Ejecutivo formalizó una reducción del gasto público por más de $2,4 billones y avanzó sobre partidas destinadas a infraestructura universitaria, salud, educación, rutas nacionales y programas científicos.
El Gobierno nacional oficializó un recorte de $2,43 billones en el gasto público a través de la Decisión Administrativa 20/2026, en una medida que impacta sobre programas de educación, salud, obra pública, seguridad vial y ciencia. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) procesado por la agencia Noticias Argentinas, la reducción representa una contracción del 1,6% sobre el crédito vigente total de la Administración Pública.
El análisis de la ejecución presupuestaria al 7 de mayo de 2026 indicó que el ajuste alcanzó áreas vinculadas a la infraestructura escolar, subsidios, programas oncológicos y mantenimiento de rutas nacionales. Además, se detalló que en algunos programas específicos los recortes superaron el 50% y, en ciertos casos, se eliminó la totalidad de las partidas.
El mayor volumen del ajuste se concentró en las Obligaciones a Cargo del Tesoro, con una disminución de $1.470.533 millones. Dentro de ese esquema, el Estado quitó $200.000 millones a empresas de energía, $48.000 millones a firmas de educación y $22.374 millones a empresas de obras públicas. También se redujeron $1.198.420 millones en otras asistencias financieras.
En el Ministerio de Economía, que sufrió una baja general de $521.939 millones, uno de los sectores más afectados fue la Dirección Nacional de Vialidad, que perdió $97.104 millones de su presupuesto. El programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales tuvo un recorte del 98,9%, mientras que la partida destinada al mantenimiento y reparación de puentes y estructuras fue eliminada en su totalidad.
Recortes en salud y educación
El Ministerio de Salud registró una reducción de $70.467 millones. Entre las áreas afectadas aparecen el programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, con una caída de $25.000 millones, y el acceso a medicamentos e insumos, que perdió $20.000 millones. También se recortaron $5.000 millones en el programa de prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer.
En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación sufrió un recorte de $78.711 millones dentro del Ministerio de Capital Humano. Los fondos destinados a infraestructura y equipamiento escolar cayeron un 46,6%, mientras que el Plan Nacional de Alfabetización tuvo una baja de $35.288 millones. Además, el Fondo de Compensación Salarial Docente fue reducido en $8.930 millones.
En paralelo, el Ministerio de Economía bloqueó $5.303 millones en transferencias de capital destinadas a obras e infraestructura universitaria. Entre las universidades afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional del Litoral, entre otras casas de estudio.
También se recortaron fondos destinados a gastos corrientes universitarios. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) quitó $50 millones asignados a la Universidad Nacional de Córdoba dentro del programa “Generación de Ciclos de Información Espacial Completos”, mientras que se eliminaron otros $20 millones para universidades nacionales no especificadas.
El ajuste previo a la Marcha Federal Universitaria
La reducción de partidas en educación se produjo en la antesala de la Marcha Federal Universitaria, mientras continúa la discusión sobre el financiamiento del sistema universitario. Según el informe de ASAP, el monto total del ajuste es similar a los $2,5 billones que, según trascendió desde la Casa Rosada, demandaría la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El informe también detalló recortes sobre las provincias y áreas de seguridad. El Ministerio del Interior redujo en $320.711 millones el programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional. En paralelo, el Ministerio de Defensa perdió $48.904 millones, con bajas en partidas destinadas a la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada.
El sector científico también quedó alcanzado por la reducción presupuestaria. El CONICET perdió $3.281 millones, mientras que la CONAE sufrió un recorte de $4.410 millones. Dentro de ese organismo, el área de investigación y desarrollo de medios de acceso al espacio perdió el 74,3% de sus fondos.
Por último, el ajuste impactó sobre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. La Justicia Federal registró una quita de $41.452 millones, mientras que la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires perdió $26.843 millones. En tanto, el Congreso redujo su presupuesto en $14.423 millones, afectando partidas del Senado, la Cámara de Diputados y la asistencia social del personal legislativo.
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