El empresario Gabriel Di Tullio enfrenta un juicio en la ciudad andina. La acusación es impulsada por la querella particular, mientras que la fiscalía desistió de intervenir. La defensa sostiene que no hubo delito.
El juicio contra el empresario Gabriel Di Tullio comenzó el pasado lunes en Bariloche. El desarrollador inmobiliario está imputado como presunto autor de administración fraudulenta, en un proceso que se desarrolla ante los jueces Gregor Joos, Bernardo Campana y Marcelo Álvarez Melinger.
“Me dedico a esto desde que tengo 17 años; tengo 43. Aprendí de los desarrolladores más grandes que tuvo la Argentina. Me considero una persona apta y capaz para entender cualquier tipo de desarrollo”, afirmó Di Tullio en su declaración de apertura. “En esos 25 años construí 11 urbanizaciones”, agregó.
El empresario recordó que fue candidato a gobernador de Río Negro y presidente de la Cámara de Chocolateros de Bariloche. La acusación particular sostiene que el imputado perjudicó los intereses de Fernando Boudourian mediante maniobras irregulares.
La fiscalía de Bariloche no acusó, al considerar que los hechos no constituían delito. Sin embargo, el damnificado, representado por los abogados Martín Govetto y Magdalena Sanguinetti, logró que la causa avanzara a juicio.
La acusación y los hechos
Según la querella, Di Tullio recibió un poder amplio de Boudourian en febrero de 2021 para escriturar 11 lotes en la urbanización Solares, en el este de Bariloche. Los documentos fueron firmados en el Hotel Llao Llao ante el escribano Fabricio Fato.
Govetto sostuvo que el imputado retiró los boletos de compraventa de la escribanía en julio de 2021, sin notificar al dueño de los terrenos. Posteriormente, habría cedido esos derechos a un tercero en una inmobiliaria local.
La acusación detalla que uno de los lotes se vendió en 16.000 dólares y los restantes diez en 80.000, valores que, según los acusadores, estaban por debajo del mercado. Las operaciones se habrían realizado antes de la revocación del poder.
Boudourian declaró que existía un reconocimiento de deuda firmado en 2018 por más de 4,7 millones de dólares. “Se compromete a entregarme en 4 años 24 unidades en el desarrollo Solares de Bariloche”, aseguró el denunciante.
La posición de la defensa
El abogado defensor Sebastián Arrondo planteó que no existió delito y que el conflicto debe resolverse en el ámbito civil. “Prometo demostrar en el desarrollo de estas audiencias que las acciones llevadas a cabo por mi defendido no son merecedoras de reproche penal alguno”, señaló.
Arrondo explicó que la revocación del poder fue emitida el 7 de octubre de 2021 y recibida el 10 de ese mes. “Los actos llevados a cabo por Di Tullio se encontraban comprendidos dentro del poder que estaba vigente”, remarcó.
El propio imputado negó los cargos: “La postura inicial del fiscal no es caprichosa, lo hace porque realmente no hay delito”. Además, calificó como falsas las acusaciones en su contra.
“Pudo haber sido un negocio no muy bueno para Boudourian, pero este no es el ámbito. Lesionar los derechos individuales de la persona que tengo sentada acá a mi lado”, insistió Arrondo en relación a la acusación.
Un juicio sin la fiscalía
En las primeras audiencias declararon peritos, una escribana y otros testigos ofrecidos por la acusación privada. Todos ratificaron la versión de los querellantes.
“Quisiera que lleguemos a una situación de justicia, no solamente por mí, por el enorme perjuicio emocional y económico que me originó esto, porque llegar acá no es algo sencillo”, expresó Boudourian ante los jueces.
El denunciante agregó: “No se trata de inversiones en muchos casos, se trata de los ahorros de toda una vida de gente que confía estos ahorros en desarrolladores”.
“Que el esfuerzo enorme y emocional y el perjuicio económico que me originó esto sirva de algo, que no solamente quede en un juicio”, concluyó.
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