El máximo tribunal se reunirá este viernes a las 9 para analizar un amparo impulsado por organizaciones ambientales y comunidades mapuches, que cuestionan la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reunirá este viernes a las 9 en un acuerdo extraordinario para analizar si corresponde restablecer las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión se tomará en el marco de un amparo colectivo que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras.
A los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz se sumarán los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, quienes fueron sorteados como conjueces ante la falta de coincidencia entre los integrantes titulares del tribunal sobre cómo resolver el caso.
El expediente fue impulsado por la asociación ambientalista barilochense Árbol de Pie y las comunidades mapuches Lafkenche y Fvta Anecon. También lleva la firma de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, quien junto con las organizaciones pidió una aclaratoria para que la Corte precise si su fallo de la semana pasada alcanza a esta causa.
El planteo incluye un pedido de medida cautelar. Las organizaciones sostienen que su reclamo se diferencia de otro expediente analizado por el tribunal porque se fundamenta en la protección del ambiente y los derechos del pueblo mapuche sobre sus territorios ancestrales, y no en la defensa de la soberanía nacional.
Qué puede cambiar con la decisión de la Corte Suprema
El fallo de la semana pasada revocó, por una cuestión procesal, la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737. La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata no estaba legitimado para promover ese caso y no se pronunció sobre el fondo de la cuestión.
Si el tribunal hace lugar al planteo de las organizaciones, podrían volver a regir las restricciones previstas en la Ley de Tierras. La norma establecía un límite del 15% de la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental. También fijaba que una misma nacionalidad no podía superar el 30% de ese porcentaje.
La legislación establecía, además, un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo, o su equivalente, y prohibía la adquisición por parte de extranjeros de inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
Las alternativas que analiza el máximo tribunal
La Corte tiene dos caminos posibles para resolver el expediente. Una opción es devolverlo a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició la causa. Sin embargo, la urgencia con la que se tramita el planteo hace pensar que esa alternativa tendría menos posibilidades.
La otra posibilidad es que el propio máximo tribunal se pronuncie sin que el expediente pase por la primera instancia. En ese escenario, la Corte podría disponer una medida interina, prevista en la legislación sobre cautelares contra el Estado, que tendría vigencia hasta que el Estado presente el informe requerido por el tribunal.
Los plazos del expediente se acortaron: la Corte redujo de 72 a 24 horas el período para recusar a los conjueces, con el argumento de atender “las particulares circunstancias de la causa”. La resolución no precisó cuáles eran esas circunstancias y también habilitó días y horas inhábiles.
Una vez vencido ese plazo, Rosatti convocó al acuerdo extraordinario de este viernes. La decisión podría incidir tanto en la aplicación de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros como en el debate político y judicial abierto por la derogación de la ley.
El debate por el DNU 70/2023 en el Congreso
El fallo anterior de la Corte generó críticas y la oposición busca tratar en una sesión especial, prevista para el jueves 15 de octubre, el rechazo de la totalidad del DNU 70/2023, en lugar de limitar la discusión al artículo referido a las tierras rurales.
Según publicó La Nación, una nueva decisión del máximo tribunal podría contribuir a que el Gobierno desactive esa iniciativa parlamentaria. El acuerdo extraordinario de este viernes será clave para determinar cómo continúa el reclamo judicial presentado por las organizaciones ambientales y las comunidades mapuches.
Sé el primero en comentar