El Ejecutivo busca que el máximo tribunal intervenga de forma directa en el conflicto judicial y defina la validez de la norma tras el freno de más de 80 artículos.
El conflicto por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno Nacional recurriera a la Corte Suprema mediante un per saltum, con el objetivo de revertir la suspensión de artículos clave y lograr una definición directa del máximo tribunal.
La presentación se realizó mediante un per saltum, un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal, en busca de una resolución urgente.
El pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda presentada por la CGT.
El recurso apunta a que la Corte declare la validez de la reforma laboral y suspenda los efectos de la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que había cuestionado la aplicación de la norma en todo el país.
El planteo del Gobierno ante la Corte Suprema
Desde el Ejecutivo sostienen que ese tribunal no tenía competencia para intervenir en una ley de alcance nacional y remarcaron la necesidad de que la Corte Suprema unifique criterios en un conflicto que ya atraviesa distintas instancias judiciales.
La decisión se da en el marco de una disputa judicial en torno a la reforma laboral, que fue parcialmente suspendida a fines de marzo y cuyo futuro quedó sujeto a la definición del máximo tribunal.
El planteo del Gobierno busca que se revierta la medida cautelar que frenó la aplicación de los artículos cuestionados y que se restituya la vigencia de la norma en todo el territorio.
La estrategia oficial para acelerar los tiempos judiciales
Con esta estrategia, el Ejecutivo intenta acelerar los tiempos judiciales en un escenario marcado por la intervención de distintos juzgados.
El objetivo es recuperar la vigencia de una de sus principales reformas económicas, en medio de la presión sindical y los cuestionamientos legales sobre su constitucionalidad.
La resolución del caso quedará ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si admite el recurso y avanza en el tratamiento del conflicto.
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