El fallo del Juzgado Federal 2 de Catamarca obliga al Estado nacional a reactivar los beneficios suspendidos y abonar los haberes retenidos. La medida se da en medio de protestas por el incumplimiento de leyes votadas por el Congreso.
La Justicia federal dispuso el restablecimiento de todas las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas en el país. El fallo, emitido por el Juzgado Federal 2 de Catamarca, extiende a nivel nacional la medida cautelar dictada en septiembre, que respondía a las suspensiones masivas realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La resolución judicial también ordena que se abonen los importes correspondientes a los haberes retenidos durante el período de suspensión. Esta decisión impacta directamente en miles de beneficiarios que habían quedado sin cobertura económica.
El fallo se conoce en un contexto de creciente tensión entre organizaciones vinculadas a la discapacidad y el Poder Ejecutivo, que no cumplió con el plazo para implementar la emergencia en Discapacidad, votada por el Congreso.
El viernes venció el plazo establecido para que el Ejecutivo pusiera en marcha dicha emergencia. “No lo hizo”, señalaron familiares de personas con discapacidad, quienes se manifestaron dentro de la sede de la ANDIS tras la suspensión de una reunión por parte de las autoridades.
Protestas en organismos públicos
La protesta en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad se dio en respuesta a la falta de avances concretos en la implementación de políticas urgentes. “Suspendieron la reunión sin previo aviso”, denunciaron los familiares, que reclamaban respuestas ante la situación de vulnerabilidad que atraviesan.
El incumplimiento de la ley de emergencia generó reacciones en distintos sectores. El sábado, trabajadores del Hospital Garrahan realizaron una caravana desde el Congreso hasta la Quinta Presidencial de Olivos, en reclamo por la aplicación de tres leyes sancionadas por el Congreso.
Las normas en cuestión son la Emergencia Pediátrica, la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario, todas aprobadas pero aún sin ejecución por parte del Ejecutivo.
“Las leyes están aprobadas, pero no se cumplen”, expresaron los manifestantes durante la caravana, que recorrió puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar el reclamo.
Reclamos por cumplimiento legislativo
La movilización del personal del Garrahan se suma a una serie de acciones que buscan presionar al Gobierno nacional para que cumpla con las leyes votadas por el Congreso. Las organizaciones advierten que la falta de implementación afecta directamente a sectores sensibles de la población.
En paralelo, el fallo judicial sobre las pensiones por discapacidad marca un precedente en la defensa de los derechos adquiridos. La extensión de la cautelar a todo el país implica que ninguna persona con discapacidad debería quedar sin su pensión, según lo dispuesto por el Juzgado Federal 2 de Catamarca.
La situación pone en evidencia la desconexión entre las decisiones legislativas y su aplicación efectiva, generando un escenario de incertidumbre para quienes dependen de estas políticas públicas.
“Estamos reclamando lo que ya fue votado”, afirmaron los trabajadores del Garrahan, en referencia a las leyes que aún no fueron puestas en marcha por el Ejecutivo.
Presión social y judicial
El fallo judicial y las protestas sociales confluyen en un mismo reclamo: la restitución de derechos y el cumplimiento de leyes vigentes. La Agencia Nacional de Discapacidad, en el centro de la polémica, enfrenta cuestionamientos por las suspensiones masivas y la falta de diálogo con los afectados.
La caravana del sábado y la ocupación pacífica de la sede de ANDIS reflejan el nivel de organización de los distintos actores involucrados. “No vamos a dejar de reclamar”, aseguraron los familiares de personas con discapacidad, que exigen respuestas concretas.
Con la Justicia ordenando la restitución de pensiones y la sociedad movilizada, el Gobierno nacional enfrenta una presión creciente para cumplir con los compromisos asumidos en materia de discapacidad y salud pública.
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