La aerolínea presentó un concurso preventivo de acreedores tras 57 días sin operar vuelos. La Justicia ya asignó el juzgado que intervendrá en el proceso, mientras se acumulan reclamos laborales, de pasajeros y de distintos acreedores.
Después de 57 días sin operar vuelos, la aerolínea Flybondi se presentó el viernes 2 de octubre en concurso preventivo de acreedores. Este lunes, el Poder Judicial de la Nación asignó el juzgado que tendrá a su cargo el expediente, cuyo objetivo será congelar la deuda existente al momento del inicio del proceso para abrir una instancia de renegociación y eventual quita que permita regularizar la situación de la compañía.
Según informó Noticias Argentinas, la presentación realizada por el estudio jurídico Grispo quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, con intervención de la Secretaría N° 47, encabezada por Santiago Medina. El expediente figura actualmente en estado «En despacho», sin resoluciones ni actuaciones públicas que permitan conocer la postura inicial del tribunal.
El concurso preventivo es una herramienta contemplada por la legislación argentina para que las empresas en crisis puedan negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial, con una suspensión temporal de las acciones de cobro. En el caso de Flybondi, según precisó La Nación, la Justicia todavía no otorgó la conexidad de esta causa con el concurso de OCA, otra empresa del grupo COC Global, de Leonardo Scatturice.
El derrumbe operativo de Flybondi
Uno de los principales desafíos será acreditar las condiciones para sostener la actividad durante el proceso concursal, en un contexto en el que la compañía lleva casi dos meses sin volar y su página web volvió a quedar fuera de servicio. La situación afecta la venta de tickets y la gestión de reservas.
Los indicadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reflejan la caída de la actividad. En agosto de 2025, Flybondi había transportado 254.533 pasajeros en vuelos de cabotaje, con una participación del 17% del mercado doméstico. En agosto de 2026 movilizó apenas 1.865 pasajeros, equivalentes al 0,1% del mercado.
La empresa conserva actualmente tres aeronaves en territorio argentino sin actividad comercial, mientras que otras diez fueron devueltas a sus arrendadores. Algunas de estas últimas todavía mantienen matrícula argentina y permanecen en el país a la espera de completar los procesos técnicos y contractuales de devolución, conocidos como redelivery.
A este escenario se suma un cuadro de deudas y reclamos que supera los 4.000 millones de pesos y podría acercarse a los 4.600 millones si se incorporan intereses y costos derivados de distintos embargos. Entre agosto y septiembre, las cuentas de Flybondi fueron embargadas por ARCA y ANAC por deudas superiores a los 1.500 millones de pesos en cada caso.
Deudas, reclamos laborales y pasajeros afectados
Entre las obligaciones aparecen compromisos con EANA, Intercargo, talleres de mantenimiento, arrendadores de aeronaves y proveedores de combustible. También figura un reclamo del Hotel Presidente por unos 660 millones de pesos y pasivos cercanos a los 5,5 millones de dólares vinculados al mantenimiento de dos aeronaves.
La situación también alcanza a los trabajadores. Los reclamos involucran a unas 1.000 familias, según la información proporcionada. Un grupo de extrabajadores se concentró frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar por el atraso en retiros voluntarios y la falta de pago de indemnizaciones. Franco Vázquez, representante de los empleados despedidos, sostuvo: «La empresa está en falta en todo sentido […] y hasta con los trabajadores que siguen vinculados a la empresa, que tampoco están cobrando su sueldo».
En paralelo, también aumentaron los reclamos de los pasajeros. Según un relevamiento del sitio Failbondi, durante 2026 Flybondi canceló unos 2.400 vuelos, con 383.000 pasajeros afectados. La misma fuente sostiene que la empresa no realiza reembolsos desde enero y estima que, tomando un ingreso mínimo de 50 dólares por pasajero y por tramo, las devoluciones pendientes superarían los 19 millones de dólares.
El concurso preventivo se desarrolla además en medio de una disputa entre los principales accionistas. Por un lado se encuentra COC Global, que ingresó en mayo de 2025 tras aportar más de 70 millones de dólares, y por otro Cartesian Capital Group, accionista histórico con representación en el directorio. COC Global sostuvo que los embargos de ARCA limitaron la capacidad de Flybondi para realizar pagos y cumplir con sus obligaciones corrientes.
El conflicto societario y la causa por las valijas
Según un comunicado de COC Global, la disputa se profundizó luego de que se hicieran públicas presuntas irregularidades atribuidas a la gestión anterior en julio de 2026. El fondo sostuvo que Cartesian no respondió a sus requerimientos para avanzar en un proceso de normalización financiera y operativa y advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales en Argentina y el exterior.
La situación de Flybondi también se desarrolla en paralelo a las complicaciones judiciales de su principal inversor, Leonardo Scatturice. En su último día como juez en lo penal económico, Pablo Yadarola archivó la causa que investigaba el ingreso al país de diez bultos sin controles aduaneros en un avión privado perteneciente al empresario.
Yadarola fundamentó el archivo en «límites probatorios estructurales», según consta en el fallo, entre ellos la ausencia originaria de escaneo de los equipajes, la tardanza de la denuncia y la falta de respuesta a pedidos de información enviados a Estados Unidos. El juez aclaró que la decisión no es definitiva y queda supeditada a nueva información probatoria.
Sin embargo, la investigación derivó en nuevas actuaciones. Un dictamen de los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez reconstruyó mediante cámaras de seguridad que al menos diez bultos ingresaron al país sin ser controlados. Además, un registro telefónico permitió establecer que a las 8:35, momento en que la pasajera Laura Belén Arrieta ingresaba sin control, la agente de Aduana Silvana Abalsamo recibió una llamada de 37 segundos de su jefe directo, Marcelo Fabián Lista. Por este motivo, Yadarola ordenó enviar testimonios a la Cámara Federal para investigar a Lista, Abalsamo y otros posibles implicados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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