El Gobierno presentó un borrador de 136 artículos que propone reemplazar la Ley de Educación Nacional, incorpora nuevas modalidades de enseñanza y redefine el rol del Estado, las familias y las instituciones.
El Gobierno nacional llevó al Consejo de Mayo el borrador de la Ley de Libertad Educativa, que busca derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. El proyecto redefine la educación básica, incorpora modalidades como el home schooling y la educación híbrida, y no fija una edad mínima para su implementación.
El texto establece que quienes estudien en casa podrán acreditar sus aprendizajes “mediante exámenes periódicos”, según figura en el documento. También habilita a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar.
Además, el borrador contempla que cada escuela pueda diseñar planes de estudio propios, paralelos a los comunes elaborados por los ministerios. A eso se suma la declaración de la “esencialidad” de la educación básica, que obliga a garantizar una “continuidad mínima del servicio educativo” ante medidas de fuerza.
Principios rectores y alcances del proyecto
El borrador recupera medidas ya mencionadas en la primera Ley Bases de 2023, elaborada por Federico Sturzenegger. De acuerdo con fuentes oficiales, luego fue trabajado entre la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación.
El primer capítulo define al sistema educativo como “el conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado”. Allí se destaca la “libertad educativa”, mencionada 27 veces, junto con el “rol preferente de la familia” y la “subsidiariedad del Estado”.
La propuesta mantiene la gratuidad de la educación obligatoria y los contenidos mínimos comunes, hoy llamados NAP. Sin embargo, incorpora la figura de los planes de estudio propios para que las escuelas desarrollen contenidos según su ideario, siempre bajo la validación nacional.
En el calendario escolar, el proyecto fija mínimos de 540 horas para educación inicial y 720 horas para primaria y secundaria, por debajo de los parámetros acordados en el Consejo Federal de Educación. También establece que los contenidos comunes no podrán superar el 75% del tiempo total.
Autonomía escolar y modalidades educativas
El artículo 33 habilita la enseñanza religiosa confesional en escuelas estatales, siempre optativa y fuera del horario de clase. Además, incorpora la obligatoriedad de enseñar la causa de la recuperación de las Islas Malvinas.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la autonomía institucional y pedagógica. El artículo 37 habilita a las escuelas a definir su régimen interno, crear planes de estudio propios, administrar recursos, gestionar su personal y establecer criterios de admisión y disciplina.
La propuesta prevé una transición hacia una gestión institucional autónoma también para las escuelas estatales. En cuanto a modalidades educativas, el texto menciona a los alumnos con necesidades específicas, que incluyen discapacidad, educación rural, intercultural bilingüe, hospitalaria, domiciliaria y en contexto de encierro.
Las evaluaciones nacionales Aprender continuarán y serán anuales y censales en el último año de primaria y secundaria. El proyecto determina que las familias podrán conocer los resultados individuales y que el Estado podrá publicar datos por escuela, sin identificar a estudiantes ni docentes.
Financiamiento, control del gasto y carrera docente
El borrador elimina la meta de inversión del 6% del PBI y reafirma que el rol estatal será “subsidiario”. Establece igualdad de acceso al financiamiento para escuelas estatales y privadas, además de posibles asignaciones directas a familias mediante “becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes”.
También crea un sistema federal de monitoreo de la inversión educativa, que requiere evaluaciones periódicas e independientes del gasto para medir su impacto sobre los aprendizajes. Se prevén además “partidas especiales” destinadas a equidad e innovación.
En materia de gestión escolar, el proyecto incorpora el consejo escolar de padres como espacio de participación. Los directivos podrán proponer contrataciones, así como la suspensión o separación de personal, sujeto a la ratificación ministerial.
Por último, la iniciativa crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente. La formación inicial se mantiene en cuatro años y habrá evaluaciones periódicas para docentes cada cuatro años como máximo, centradas en desempeño pedagógico, resultados de aprendizaje y actualización profesional.
Sé el primero en comentar