La primera audiencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar tratará el pedido argentino de frenar el proyecto petrolero británico al norte de las islas. El fallo sobre las medidas provisionales podría conocerse el viernes 13 de noviembre.
La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas y la factibilidad del proyecto Sea Lion comenzó a discutirse este martes en la primera audiencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), en Hamburgo, Alemania.
El gobierno de Javier Milei presentó su solicitud el 13 de octubre, cuando invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El pedido tiene cuatro puntos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación a través de Sea Lion, que se abstenga de otorgar nuevos permisos en el área, que preserve la información obtenida durante la exploración y que proteja el medio marino.
La delegación argentina está encabezada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia. La integran el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación.
Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal, participa como asesor externo y fue quien expuso el caso argentino. Kohen representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, en el que el mismo tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque. Las audiencias del martes y del miércoles son públicas y se transmiten en vivo en el sitio del Tribunal.
Qué dicen los especialistas
Donald Rothwell, profesor de derecho internacional de la Universidad Nacional de Australia, planteó el dilema central: si el Reino Unido tiene soberanía sobre las islas, Sea Lion es legítimo; si vale el reclamo argentino, el Reino Unido viola la Convemar. Advirtió que el caso puede caer en el primer obstáculo, la jurisdicción, aunque reconoció que el Tribunal no suele interpretarla de manera estrecha.
Abhijeet Shrivastava y Constantinos Yiallourides, en un análisis del blog académico EJIL: Talk, señalaron que Argentina no cuenta con una opinión de la Corte Internacional de Justicia a su favor que deje de lado la cuestión de soberanía. Según ese análisis, Buenos Aires probablemente apuesta a la obligación de mantener el statu quo, apoyándose en las resoluciones de la ONU. Vicky Kapogianni, investigadora de la Universidad de Reading, coincidió en que quien tiene las islas tiene también el lecho marino y el petróleo, por lo que la soberanía es el nudo del caso.
El procedimiento tiene una particularidad técnica. El Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia como foro para resolver controversias bajo la Convemar, mientras que Argentina optó por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Como las elecciones no coinciden, el fondo deberá resolverse mediante un arbitraje previsto en el Anexo VII, y el Tribunal solo puede dictar medidas provisionales mientras se constituye ese órgano arbitral. Para ordenarlas, debe verificar tres condiciones: jurisdicción prima facie del tribunal arbitral, una situación de urgencia y verosimilitud en el derecho invocado.
Los tres escenarios posibles
El Gobierno argentino analiza tres escenarios y sostiene que ninguno implicaría otorgar validez legal a la explotación británica. En el primero, el Tribunal acepta el planteo en su totalidad y ordena cesar la actividad. Londres se comprometió a acatar la eventual orden, lo que paralizaría la explotación hasta que se constituya el tribunal arbitral, que podrá confirmar, modificar o dejar sin efecto las medidas.
El proyecto, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, está a unas 107 millas náuticas (198 kilómetros) al norte de las islas, en un bloque de 541 km², y las perforaciones están previstas para enero de 2027. En el segundo escenario, el Tribunal acoge parte de los argumentos y rechaza otros, según cada punto. El tercero, el más improbable, es que rechace el planteo por considerar que el tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie; en ese caso, Argentina no podría volver a pedir medidas provisionales al TIDM y debería argumentar la jurisdicción directamente ante el tribunal arbitral. Los especialistas consultados lo consideran altamente improbable, porque no hay antecedentes similares en la historia de las medidas provisionales ante este tipo de tribunales.
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