La Legislatura aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del emprendimiento cuprífero, en un contexto de movilizaciones y cuestionamientos por los riesgos sobre la cuenca del Río Mendoza.
La Legislatura de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, un emprendimiento destinado a la explotación de cobre en Uspallata. El debate en el Senado provincial se desarrolló con mayoría oficialista y un importante operativo de seguridad, mientras el gobierno de Alfredo Cornejo buscaba avanzar con una iniciativa cuestionada por su impacto en los recursos hídricos.
La propuesta prevé una inversión estimada en 560 millones de dólares para extraer cobre en la zona cordillerana. Para organizaciones sociales y ambientales, esta decisión supone una priorización de intereses empresariales por sobre la protección de la cuenca del Río Mendoza, en un contexto de crisis hídrica que atraviesa a toda la provincia.
Las críticas apuntan a que el avance legislativo profundiza el conflicto entre minería y ambiente, un tema que ya generó tensiones políticas y sociales en otras discusiones vinculadas al uso del agua.
El agua, eje del conflicto
El debate legislativo comenzó pasadas las 10 de la mañana y dejó en evidencia las diferencias internas. Los senadores que responden a Cornejo defendieron el emprendimiento al calificarlo como un “hito productivo” y una oportunidad para posicionar a Mendoza en el mapa minero. En ese marco, también cuestionaron los informes críticos elaborados por la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación.
Desde la oposición, Félix González (PJ) sostuvo que la aprobación del proyecto “se va a judicializar”, anticipando un escenario de disputa legal en las próximas semanas. En tanto, Dugar Chappel (Partido Verde) señaló que la experiencia de otras provincias no refleja beneficios claros: “Salta y Jujuy son mineras y su pobreza no bajó. ¿Qué queda para Mendoza?”.
El gobierno asegura que el proyecto permitirá recircular el 90% del agua utilizada, manteniéndola en circuito cerrado. Sin embargo, las organizaciones socioambientales insisten en que los mecanismos de control resultan insuficientes y que la actividad podría afectar de manera irreversible la cuenca del Río Mendoza.
Protestas y tensión social
Mientras el Senado discutía el futuro del proyecto San Jorge, miles de personas se movilizaron desde Uspallata y el Valle de Uco hacia Plaza Independencia. Con pancartas y cánticos que repetían “El agua no se negocia”, los manifestantes rechazaron la iniciativa que consideran un riesgo ambiental y social. La policía dispuso bloqueos y controles de tránsito para evitar incidentes durante la jornada.
Las protestas reflejan el descontento de distintos sectores que exigen que la provincia priorice el cuidado del agua frente al desarrollo de actividades extractivas en zonas sensibles.
¿Qué sigue?
Tras la aprobación legislativa de la DIA, solo resta la promulgación del Ejecutivo provincial para avanzar con la ingeniería de detalle del emprendimiento. Según los plazos previstos, la construcción de la mina podría extenderse hasta 2027.
Mientras el gobierno celebra el avance político del proyecto, las asambleas ambientales anunciaron nuevas movilizaciones. Mendoza atraviesa nuevamente un escenario de tensiones entre intereses empresariales y la protección de los recursos naturales, sin definiciones claras sobre cómo garantizar el cuidado del agua en el corto plazo.
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