“Nadie en su sano juicio tiraría basura en el tanque de agua de su casa”

La Fundación Lidema advierte que la modificación de la Ley de Glaciares podría habilitar proyectos mineros en zonas protegidas y comprometer las reservas hídricas de la región.

La frase pertenece a Victoria Azul Guardia, integrante de la Fundación Lidema, y sintetiza el eje de la discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares. La organización alerta que la iniciativa legislativa busca introducir una “ley aclaratoria” que, según explicaron, permitiría habilitar actividades mineras en áreas actualmente protegidas. “Uno de los puntos que son falsos es que no está suficientemente reglamentada. Una ley es operativa y puede funcionar sin estar reglamentada en el fondo del asunto”, señaló Guardia.

El cambio más relevante se vincula con la jurisdicción de la norma. Guardia explicó que la ley vigente es de presupuestos mínimos y garantiza una tutela uniforme en todo el país. “Lo que se dice es que esto avanza con el federalismo del dominio originario de los recursos naturales de las provincias. ¿Qué pasaría con esta modificación? Que cada provincia podría delimitar o autorizar proyectos”, agregó.

Retroactividad y principio de no regresión

La Fundación Lidema advirtió que la reforma tendría efectos retroactivos. “Implica que si hoy hay proyectos rechazados, mañana aprueba diputados y estos quedan automáticamente o podrían quedar automáticamente aprobados”, sostuvo Manuel Batista Vilches. Según los especialistas, esto contradice el principio de no regresión en materia ambiental y debilita la protección alcanzada.

El debate se centra en la posibilidad de habilitar evaluaciones de impacto ambiental en zonas glaciares, algo que hoy está prohibido. “Con esta modificación lo que se haría es autorizar una posible evaluación de impacto ambiental para evaluar si realmente es significativo la relevancia hídrica en ese sector. Quienes presentan esos dictámenes son las propias mineras”, alertó Guardia.

Glaciares como reservas de agua

Los referentes remarcaron que los glaciares cumplen un rol vital como reservas hídricas. “Esto es lo mismo a escala regional”, dijo Guardia al comparar la contaminación de los glaciares con arrojar basura en el tanque de agua de una vivienda. En El Bolsón, según datos del Inventario Nacional de Glaciares, existen aproximadamente 740 hectáreas de glaciares, entre ellos el Hielo Azul y el Cerro Venzano.

En la comarca, la superficie protegida supera las 14.000 hectáreas. “Hacíamos un juego mostrándole a la gente qué serían 14.000 hectáreas si las pusiéramos todas arriba de Bolsón. Literalmente todo el Bolsón quedaría bajo agua si desaparecieran los glaciares”, explicó Vilches. La comparación busca dimensionar la magnitud del recurso y su importancia para la región.

Mapas y acceso a la información

La Fundación Lidema trabaja en la elaboración de mapas físicos y digitales para brigadistas y vecinos. “Estamos terminando de hacer este mapa de toda la comarca con la capa del Inventario Nacional de Glaciares, para que todos puedan conocer lo que están defendiendo”, detalló Guardia. El material será de consulta libre y busca fomentar el acceso ciudadano a la información.

En ese sentido, los referentes destacaron el concepto de democracia ambiental, surgido del Acuerdo de Escazú. “Necesitamos acceder a la información pública para poder participar y desde ahí garantizar un acceso a la justicia”, subrayó Guardia. La iniciativa apunta a fortalecer la participación comunitaria en decisiones que afectan al territorio y a los recursos naturales.

Participación ciudadana

El cierre del diálogo con FM 105.5 de la Cordillera dejó un mensaje claro: la necesidad de que la comunidad se apropie de su territorio y de sus bienes naturales. “Ojalá que en unos años la comunidad participe y decidida sobre el agua de la tierra vuelva a ser algo costumbre y deje de ser esta actual noticia”, expresó Batista Vilches.

La discusión sobre la Ley de Glaciares se instala así en la agenda regional, con un eje central: la defensa de las reservas de agua y la posibilidad de que la ciudadanía acceda a información clara para participar en las decisiones que afectan al futuro de la comarca.

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