El Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones mediante un DNU que impide el ingreso y habilita la expulsión de personas migrantes por emitir mensajes considerados de odio contra la Argentina. Especialistas y organismos de derechos humanos cuestionaron la medida y señalaron que carece de fundamentos estadísticos.
El presidente Javier Milei firmó el DNU 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones (25.871) para restringir el ingreso al país y excluir de la residencia a personas migrantes que emitan mensajes de odio contra la Argentina o sus ciudadanos, o que participen en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales.
La norma fue dictada sin pasar por el Congreso y establece como causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión la emisión de mensajes orales o escritos que inciten a la violencia contra el pueblo argentino o cualquier ciudadano argentino, además de la participación en actos considerados de ultraje a los símbolos nacionales.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”, según el texto del DNU 681/2026. El decreto no menciona casos concretos ni estadísticas que respalden esa afirmación.
Críticas al DNU por parte de especialistas y dirigentes
El decreto generó cuestionamientos de dirigentes políticos, especialistas en derecho constitucional y organismos de derechos humanos. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez afirmó: “Lo paradojal es que con esta normativa Milei no podría ingresar a Brasil o a España debido a su ‘discurso de odio'”, sostuvo.
La diputada Florencia Carignano, extitular de la Dirección Nacional de Migraciones, señaló que, si se aplicaran esos criterios, el Presidente tendría restringido el ingreso a al menos ocho países, entre ellos Brasil.
El abogado Pablo Ceriani Cernadas, director de la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, cuestionó la falta de fundamentos del decreto. “Es sumamente grave. Le está dando a la DNM una situación análoga a la del Poder Judicial para determinar qué es invitación a la violencia o al odio. En modo alguno, el Poder Ejecutivo puede tener esa atribución. Se abre el camino a todo tipo de arbitrariedades”, afirmó en diálogo con Página/12.
Preocupación de organismos de derechos humanos
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también expresaron reparos sobre la medida. Lucía Galoppo sostuvo: “Nos parece que es una sobreactuación de la discusión que se viene dando en redes sociales más que una política pública activa, dado que parece difícil de implementar”, indicó.
Según Galoppo, uno de los puntos de preocupación es el uso de categorías que, a su entender, pueden dar lugar a interpretaciones arbitrarias, además del empleo de un DNU para modificar la legislación sin debate parlamentario. La integrante del CELS agregó: “Estamos evaluando la posibilidad de cuestionarlo en los tribunales”, confirmó.
La exministra de Seguridad Sabina Frederic también cuestionó la aplicación de la norma y advirtió sobre sus alcances. “La dificultad de aplicar este decreto y la arbitrariedad que se abre es enorme. La pregunta es quién va a hacer el análisis para determinar qué es un discurso de odio. Por otro lado, las fuerzas de seguridad tienen amplias atribuciones para hacer ciberpatrullaje”, expresó.
Frederic concluyó: “Es paradójico, además, que el Gobierno promueve una ley que va contra la soberanía argentina, pero emite un decreto que empaña la historia argentina frente a la población migrante”, sostuvo.
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