El diputado sostuvo que no observó irregularidades en el programa y cuestionó las causas judiciales contra intendentes
En el juicio por el programa Techo Digno en Bariloche, el diputado nacional Miguel Pichetto afirmó este martes ante el tribunal que no detectó irregularidades en la ejecución de las obras y aseguró que “no advirtió la comisión de ningún delito”, según declaró durante su testimonio.
El proceso judicial tiene como imputados a la exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini y al exinspector municipal Alfredo Milano, acusados de defraudación a la administración pública por supuestas certificaciones de obra por encima de lo ejecutado, en beneficio de las empresas Alusa SA y Oriente Construcciones.
Además, Martini enfrenta una imputación por peculado, vinculada al presunto desvío de fondos del programa hacia otra cuenta municipal para la constitución de plazos fijos.
El funcionamiento del programa Techo Digno
Pichetto detalló que el programa Techo Digno fue diseñado para atender la demanda habitacional en un contexto en el que “no había construcción de viviendas con financiamiento de las provincias”, según explicó durante su declaración.
El diputado describió como “atípico” el mecanismo de ejecución, ya que las contrataciones y transferencias de fondos se realizaban de manera directa desde Nación hacia los municipios, “sin ninguna intermediación”, según indicó en su exposición.
En ese marco, señaló que durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández se adjudicaron 55.000 viviendas en todo el país, y sostuvo que, pese a demoras en la ejecución, “en Río Negro fueron todas terminadas”, de acuerdo a su testimonio.
También precisó que en Bariloche se proyectaron un total de 825 unidades habitacionales dentro de ese esquema.
Cuestionamientos a las causas judiciales
Durante su intervención, Pichetto cuestionó las investigaciones judiciales contra intendentes rionegrinos y planteó dudas sobre los criterios utilizados en las acusaciones. En ese sentido, señaló que “17 intendentes son juzgados por lo mismo: todos usaron a los inspectores de obra para enriquecer a empresarios”, según expresó.
Atribuyó las diferencias detectadas en certificaciones a las condiciones económicas de la época y afirmó que respondían a “el contexto inflacionario”, al tiempo que indicó que los registros del organismo estadístico nacional resultaban insuficientes.
El diputado también sostuvo que no existió peculado en la constitución de plazos fijos por parte del municipio y manifestó su postura ante el fiscal al señalar: “No quiero discutir con usted, pero veo que esta figura tiende a desaparecer”, según declaró en la audiencia.
Fondos, plazos fijos y decisiones municipales
Pichetto explicó que la imposibilidad de avanzar con una segunda etapa del plan en Bariloche estuvo vinculada a la falta de autorización de la dirección provincial de Bosques sobre el terreno previsto.
En ese contexto, afirmó que la entonces intendenta “puso en conocimiento al Concejo Municipal, se tomó la decisión de naturaleza política de preservar los recursos asignados a la obra y se los colocó a plazo fijo”, según describió durante su declaración.
El diputado también remarcó ante el tribunal que el programa no se limitaba a la construcción de viviendas, sino que incluía obras complementarias para urbanizar los barrios, las cuales no siempre contaron con financiamiento suficiente.
Además, recomendó considerar antecedentes de la Corte Suprema vinculados a la actualización de presupuestos en contextos inflacionarios y señaló que “es importante entender el tiempo histórico, se actualizaban los precios con cierta discrecionalidad”, según afirmó.
Defensa del esquema de ejecución
El diputado remarcó que el programa Techo Digno no respondía al esquema tradicional de obra pública, sino que se trataba de “un contrato de subsidio directo de la Nación a los municipios”, según explicó.
En esa línea, sostuvo que las certificaciones de obra eran “de carácter provisorio” y no podían ser negociadas ni transferidas, lo que, a su entender, diferenciaba este modelo de otros sistemas de contratación.
Finalmente, insistió en que las diferencias entre certificaciones municipales y provinciales respondían a cuestiones técnicas y aseguró que “no existe ningún tipo de perjuicio”, al tiempo que pidió considerar el contexto económico en el análisis de las acusaciones.
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