Desde la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia cuestionan el tratamiento en sesiones extraordinarias de proyectos que buscan modificar el régimen penal juvenil y llaman a no retroceder en derechos.
La Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia expresó su rechazo al tratamiento en sesiones extraordinarias de proyectos de ley que proponen la baja de la edad de punibilidad, actualmente fijada en 16 años. A través de un documento dirigido a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, convocaron a organizaciones y personas a adherir con su firma a una postura común.
En el texto, las entidades manifestaron su preocupación por el posible avance de un dictamen que incluye la reducción de la edad penal y señalaron que la iniciativa no reúne los requisitos constitucionales para ser tratada fuera del período ordinario. Desde la Mesa sostienen que el debate fue instalado en un contexto de ajuste presupuestario y crisis socioeconómica.
El documento recuerda que propuestas similares fueron impulsadas en distintos momentos y bajo gobiernos de diverso signo político, sin éxito. En todos los casos, remarcan, hubo consenso de voces especializadas que rechazaron la baja de la edad penal, con fundamentos en evidencia científica, estadística y marcos jurídicos vigentes.
En ese sentido, advierten que el enfoque vuelve a aparecer cuando se reducen políticas públicas orientadas a garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes, mientras se refuerzan respuestas punitivas. Según la Mesa, el debate se presenta como respuesta a problemas que no son abordados desde su complejidad social.
Cuestionamientos al contexto y al enfoque punitivo
Las organizaciones sostienen que el dictamen tiene un sesgo mediático y oportunista. Afirman que no se trata de una emergencia nacional y que su inclusión en extraordinarias resulta improcedente. En el documento señalan que la baja de la edad penal legitimaría prácticas que ya se aplican de hecho desde las políticas de seguridad.
Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, el texto alerta que hoy se encuentran “desatadas”, según expresaron desde la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia, al describir operativos en barrios populares, protestas sociales y territorios de comunidades indígenas, rurales y migrantes. Plantean que estas prácticas implican vulneraciones sistemáticas de derechos.
El documento también vincula el debate con el desfinanciamiento de áreas clave como salud, discapacidad y políticas de protección integral. Señalan que, mientras se ajustan estos sectores, se destinan recursos al sistema represivo, lo que consideran una contradicción en la orientación de las políticas públicas.
En esa línea, advierten que bajar la edad de punibilidad no resolvería los problemas que se anuncian como justificación. Por el contrario, sostienen que el ingreso temprano al sistema penal incrementa la reincidencia y profundiza procesos de estigmatización sobre adolescentes.
Datos, derechos y llamado al Congreso
La Mesa subraya que el delito juvenil tiene una incidencia baja y que existen herramientas legales vigentes para abordarlo. En el texto remarcan que se difunde la idea falsa de que el sistema no actúa, cuando la legislación actual otorga amplias facultades judiciales sobre adolescentes.
También diferencian los derechos de las víctimas de los de las infancias, y rechazan que se los presente como intereses en conflicto. Desde la Mesa señalan que la pena tiene escasa incidencia en la reparación del daño y que las respuestas estatales deben orientarse a la prevención, la asistencia y la recomposición.
En relación con los fundamentos jurídicos, recuerdan que tratados internacionales con jerarquía constitucional desaconsejan ampliar la actuación penal sobre menores de edad. Mencionan el principio de no regresividad y el de especialidad, que limita la privación de libertad a casos excepcionales.
Finalmente, las organizaciones exhortaron a las y los legisladores a no utilizar los derechos de niñas, niños y adolescentes como “moneda de pago” en acuerdos políticos, según expresaron desde la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia. Reiteraron su consigna central: no a la baja de la edad de punibilidad, y remarcaron que el Estado debe garantizar protección, derechos y políticas públicas integrales, en lugar de respuestas punitivas.
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