El CELS denuncia represión policial mientras el Gobierno asegura que fue un intento de desestabilización. El caso de Pablo Grillo y nuevas protestas aumentan la polémica.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha elevado sus denuncias ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la represión policial durante la marcha de jubilados del miércoles. Además, hoy presentará una denuncia formal ante la justicia local. En contraste, el Gobierno calificó la movilización como un “intento de desestabilización” y afirmó que presentará pruebas en conjunto con la gestión porteña.
Uno de los hechos más alarmantes del operativo policial fue el disparo de una bala de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en estado grave en el Hospital Ramos Mejía. El CELS también señaló que el arma utilizada está prohibida internacionalmente, aunque Argentina derogó la prohibición durante esta gestión. A su vez, fotógrafos convocaron a un “camarazo” en La Plata, que tendrá lugar hoy a las 17:30.
Por otro lado, el gobierno de la Ciudad identificó a cinco barrabravas entre los 94 detenidos durante la marcha, mientras que la vicepresidenta Villarruel expresó solidaridad con los heridos. Trabajadores de la TV Pública denunciaron censura en la cobertura de los incidentes. En tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que denunciará a la jueza que liberó a los detenidos, argumentando que no existían pruebas suficientes para retenerlos.
El episodio suma tensiones a un contexto social ya cargado y pone en el centro del debate el uso de la fuerza pública y la libertad de protesta.
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