Delegados de ATE cuestionaron los puntos que se conocieron de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo Nacional. Señalan que las medidas afectarían derechos adquiridos y facilitarían despidos.
La reforma laboral que impulsa el Ejecutivo Nacional todavía no fue presentada de manera formal, pero ya genera rechazo entre los gremios estatales. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Ariel Lobo, referente de los trabajadores nacionales dentro de ATE Andina Sur, remarcó: “Nada que venga de Federico Sturzenegger es bueno, ya ha chocado el país con esta la tercera vez, y todo lo que ha presentado en el Estado Nacional ha sido en detrimento de los trabajadores”.
Los dirigentes sostienen que las filtraciones sobre el proyecto muestran un escenario desfavorable para los empleados. “No creemos ni un centímetro de que esta reforma laboral va a beneficiar a los trabajadores. Así que desde el vamos ya la rechazamos”, expresó desde ATE.
Entre los puntos que trascendieron se mencionan las paritarias por empresa, el banco de horas, multas a las asambleas y restricciones al derecho de huelga. Además, se prevé un fondo de asistencia laboral con aportes patronales del 3% para cubrir indemnizaciones, lo que implicaría una reducción en los montos.
Cambios en contratos y condiciones laborales
Los gremios advierten que la iniciativa habilitaría contratos de prueba de seis meses, incluso en el servicio doméstico, sin derecho a indemnización en caso de despido. “Ahora lo podés tener seis meses en un periodo de prueba, o sea si vos despedís a alguien en periodo de prueba no le corresponde indemnización”, señaló Lobo.
También se cuestiona la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas y con una base de cálculo reducida, que no incluiría vacaciones ni aguinaldo. “Ahora no se toma ni las vacaciones ni el aguinaldo”, explicó.
Otro aspecto mencionado es el impacto sobre los trabajadores de aplicaciones, quienes deberían cumplir extensas jornadas para alcanzar un ingreso digno. “Tenés que pedalear o andar en moto 14 horas para llegar a un salario digno a tu casa”, describió.
El gobierno plantea que la reforma permitiría abrir nuevas fuentes de empleo, aunque los gremios sostienen que no existen medidas que obliguen a las empresas a blanquear trabajadores o garantizar continuidad laboral.
Restricciones a la protesta y al derecho a huelga
Según lo expresado por los delegados, la reforma prevé sanciones económicas a quienes participen en asambleas o medidas de fuerza. “Si un trabajador se junta con otros trabajadores porque la están pasando igual de mal, va a haber una multa a los trabajadores, ¿y qué es esa multa? Quitarle salario”, remarcó.
Además, se plantea que varias actividades podrían ser consideradas servicios esenciales, lo que obligaría a garantizar entre el 50% y el 75% de funcionamiento durante un conflicto. “Eso es la restricción del derecho a huelga, porque te pueden decir cualquier actividad que ellos consideren que es esencial”, advirtió.
Los gremios señalan que estas medidas buscan desalentar la organización colectiva. “Infunden el miedo a los laburantes para que ellos mismos no se organicen y puedan pelear por sus derechos”, expresó.
En este contexto, remarcaron que los derechos laborales fueron conquistados mediante lucha y movilización. “No se levantó un día un ministro y dijo, vamos a darle convenio colectivo a este sector de trabajo. Los trabajadores pelearon para conseguir esos derechos”, recordó.
Impacto en la movilización y en el empleo estatal
En relación a las últimas protestas en Capital Federal, los dirigentes reconocieron una menor participación. “Muchas veces se denota una gran desmovilización, la gente está muy metida para adentro, hay cuestiones que más allá de lo económico también es una cuestión anímica de los trabajadores”, explicó Ariel, referente de ATE.
La situación económica lleva a que muchos empleados estatales tengan pluriempleo para llegar a fin de mes. “En muchos casos los trabajadores estatales están teniendo hasta dos empleos, está pasando el pluriempleo en el trabajo estatal”, detalló.
También se mencionó que cada vez más trabajadores caen por debajo de la línea de pobreza, lo que dificulta la organización gremial y la participación en movilizaciones.
Finalmente, los representantes advirtieron que, aunque el gobierno asegura que la reforma no alcanzaría al empleo estatal, el impacto sería inevitable. “Si el empleo privado se debilita, eso va a impactar de lleno en las condiciones de los trabajadores del Estado”, concluyó.
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