El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional tuvo un giro inesperado con la decisión de excluir el artículo 44, una cláusula que proponía modificar el régimen de licencias por enfermedades inculpables. La medida confirmó la continuidad de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en uno de los aspectos más discutidos del debate, y reconfiguró las expectativas del sector empresario sobre un posible cambio en costos y responsabilidades.
La modificación descartada buscaba alterar el esquema de pagos durante los períodos en los que un trabajador se encuentra impedido de prestar tareas por razones de salud ajenas al trabajo. Al caerse la iniciativa, continúan sin cambios las obligaciones directas del empleador y el funcionamiento del sistema de seguridad social, tal como estaban antes del envío del proyecto al Congreso.
El artículo eliminado formaba parte de los temas debatidos en las mesas técnicas del Consejo de Mayo, donde se analizaba una redistribución de costos entre el sector privado y el Estado. Finalmente, el oficialismo optó por retirar ese capítulo para evitar tensiones adicionales en el tratamiento parlamentario.
Con la decisión oficial, el esquema tradicional vuelve a regir de manera plena, sin segmentaciones ni porcentajes diferenciados en el pago de salarios durante licencias médicas por causas no laborales.
El esquema que quedó fuera del proyecto
La propuesta original establecía que, si la enfermedad o accidente no estaba vinculado al trabajo y derivaba de una acción voluntaria del trabajador que implicara riesgo para su salud, el salario se reducía al 50%, con plazos de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y de seis meses para quienes sí las tuvieran.
En los casos donde la afección no fuera consecuencia de una conducta voluntaria, el trabajador percibía el 75% del sueldo, manteniéndose los mismos plazos. Además, se fijaban límites para las enfermedades crónicas, que solo habilitaban un nuevo período de cobro si habían pasado más de dos años desde el episodio anterior.
El texto también contemplaba que eventuales suspensiones dispuestas por el empleador, ya fueran económicas o disciplinarias, no afectaran el derecho al cobro durante la convalecencia. Con la eliminación del artículo, todos esos criterios quedaron sin efecto y vuelve a aplicarse el pago del 100% del salario.
En la previa de la decisión, desde el Ejecutivo se había sugerido que esos pagos fueran no remunerativos, para evitar descuentos de cargas. También se analizó mantener el artículo y sancionar otra norma que garantizara el pago completo en enfermedades graves, aunque por ahora no hay definiciones.
La mirada de la industria y el rol de la UIA
La decisión tuvo impacto inmediato en el sector empresario. La Unión Industrial Argentina había participado activamente en la discusión técnica del capítulo de licencias médicas, con el objetivo de avanzar hacia un modelo donde el costo de la enfermedad no recaiga exclusivamente sobre el empleador.
Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, señaló que “el tema tuvo un tratamiento profundo”, tanto en el Consejo de Mayo como en reuniones con funcionarios. “Nosotros habíamos planteado en algún momento que se pagara el 100% del salario pero no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, afirmó.
Rappallini también remarcó que en otros países de la región, ante enfermedades inculpables, la empresa cubre una primera etapa y luego el costo pasa al Estado. Desde la UIA sostienen que la legislación argentina mantiene una asimetría frente a esos sistemas, donde el riesgo se mutualiza mediante fondos públicos o seguros específicos.
Más allá de la eliminación del artículo, en el empresariado prevalece una evaluación integral del proyecto, con disposición a ceder en este punto si el resto de la reforma avanza.
Pymes, costos y el futuro del debate laboral
Uno de los ejes de preocupación sigue siendo el impacto en pymes, que deben sostener el pago completo del salario y las cargas durante períodos de tres a seis meses, o hasta doce meses cuando el trabajador tiene personas a cargo. Para muchas empresas chicas, ese esquema es señalado como un factor de vulnerabilidad financiera.
La reforma buscaba aliviar esa presión económica y, según especialistas en derecho laboral, también reducir la litigiosidad asociada a conflictos por certificados médicos y licencias prolongadas. Al mantenerse el régimen actual, ese objetivo quedó postergado.
Con el artículo 44 fuera del proyecto, el Gobierno apunta a concentrarse en los ejes que considera centrales para la reactivación del empleo, evitando discusiones que puedan trabar el debate legislativo. En el sector empresario, el clima es de cautela: se acepta la continuidad del esquema vigente, aunque se advierte que el problema de fondo de las licencias médicas seguirá presente en la agenda laboral.
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