El régimen impulsado por el gobierno nacional atrae inversiones, pero suma cuestionamientos por sus beneficios fiscales y el impacto ambiental de los proyectos.
Los anuncios de inversiones vinculados al RIGI en Argentina generaron repercusiones en Chile y reactivaron el debate sobre el modelo minero en la región. Mientras desde el país trasandino destacan la capacidad de atraer capitales, también emergen críticas sobre las condiciones que ofrece el esquema y sus posibles efectos.
Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara Minera de Chile, analizó el escenario en una columna publicada en el medio Cooperativa. “Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no hemos logrado en 10 años. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un instrumento de política pública notable, y Chile tiene que tomarlo como referencia”, sostuvo Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara Minera de Chile.
El dirigente remarcó que el régimen argentino modificó el escenario competitivo. “Es la primera vez en décadas que un país sudamericano ofrece un marco fiscal verdaderamente competitivo a nivel global”, afirmó Manuel Viera Flores, en referencia a la llegada de grandes inversores.
Sin embargo, el alcance de esos beneficios también abre cuestionamientos en torno a las condiciones que establece el Estado. “El RIGI ofrece invariabilidad tributaria por 30 años estándar y 40 años para proyectos estratégicos como Vicuña”, explicó Manuel Viera Flores, sobre uno de los puntos centrales del esquema.
Inversiones, ventajas y debate por los controles
El impacto del RIGI se refleja en los montos anunciados. “En 18 meses el RIGI captó US$ 33.876 millones en proyectos aplicados, de los cuales 73% es minería de cobre”, detalló Manuel Viera Flores.
También destacó el peso de iniciativas de gran escala. “La joya de la corona de BHP y Lundin Mining, Vicuña, con US$ 18.000 millones, es potencialmente una de las 5 minas de cobre más grandes del mundo”, indicó Manuel Viera Flores.
En su análisis, el dirigente subrayó la rapidez del sistema argentino. “Simplicidad y velocidad. El RIGI tiene un plazo de aprobación de 45 días”, señaló Manuel Viera Flores, en contraste con los tiempos de evaluación en Chile.
Ese punto es uno de los ejes del debate, ya que la reducción de plazos para la aprobación de proyectos también es observada por sectores que advierten sobre la necesidad de controles. En ese marco, distintas organizaciones ambientales vienen planteando cuestionamientos al modelo por el alcance de los beneficios fiscales y regulatorios.
Cuestionamientos ambientales y límites productivos
Mientras el esquema avanza en la atracción de inversiones, el debate incorpora la mirada ambiental. Las organizaciones advierten sobre el impacto de los proyectos de gran escala y la necesidad de garantizar evaluaciones rigurosas, en un contexto de expansión de la minería en distintas provincias.
En paralelo, el propio Viera Flores introdujo matices sobre el potencial argentino. “Argentina tiene los proyectos greenfield de cobre más prometedores del mundo, pero no produce cobre hoy”, indicó Manuel Viera Flores.
También proyectó plazos que relativizan los efectos inmediatos. “La primera producción de cobre argentina será Josemaría hacia 2030”, precisó Manuel Viera Flores.
En ese sentido, el escenario combina expectativas de crecimiento con interrogantes sobre su implementación y sus consecuencias a mediano plazo.
Competencia regional y discusión de fondo
El análisis del dirigente chileno concluye con una advertencia sobre la competencia entre países. “Chile no perdió el liderazgo minero. Lo que perdió fue la velocidad”, sostuvo Manuel Viera Flores.
A partir de ese diagnóstico, planteó los desafíos para su país. “Chile tiene dos caminos: defender lo que tiene y perder gradualmente terreno, o atacar con una agenda ambiciosa”, señaló Manuel Viera Flores.
En paralelo, el caso argentino abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre inversión, regulación y ambiente, en un contexto donde la minería se posiciona como uno de los sectores clave para la economía regional.
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