El faltante de armamento en depósitos judiciales y fiscalías puso bajo sospecha al Poder Judicial de Río Negro y abrió nuevas líneas de investigación.
Las armas secuestradas en causas penales debían permanecer bajo custodia de la Justicia bajo un protocolo específico, una tarea que corresponde a la Oficina Judicial, dependiente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro.
Sin embargo, el faltante detectado generó un fuerte impacto, ya que la Policía de Río Negro no tiene acceso a ese depósito. Las armas robadas formarían parte de distintas causas penales, algunas vinculadas a delitos graves y en muchos casos aún en trámite.
El hecho ocurrió en un subsuelo del edificio judicial de General Roca, un espacio con acceso restringido a pocos empleados y que permanece bajo llave de forma permanente.
En este contexto, al menos tres personas están siendo investigadas y ya fueron apartadas de sus funciones dentro de la Justicia. No descartan que la lista de implicados pueda ampliarse en el avance de la causa.
Más armas desaparecidas y nuevas sospechas
La investigación sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de confirmarse que al lote inicial de armas faltantes se agregaron otras cinco que desaparecieron de la Fiscalía N°3.
En ese caso, habría al menos un funcionario señalado de manera directa, lo que profundiza las sospechas dentro del ámbito judicial.
Fuentes vinculadas a la investigación hablaron de “negligencia”, según indicaron desde el entorno de la causa, y señalaron que incluso existía una prohibición expresa de “guardar cualquier tipo de prueba en las fiscalías”, de acuerdo a esas mismas fuentes.
El hallazgo abre nuevas hipótesis y deja al Poder Judicial de Río Negro bajo análisis, en medio de un escenario que aún no tiene definiciones sobre la magnitud total del faltante.
Cómo sigue la investigación judicial
La causa por las armas desaparecidas es llevada adelante por la Fiscalía N°3, que tramitará un expediente separado del que investiga la desaparición inicial.
Esa primera investigación corresponde a la Cuarta Circunscripción Judicial, donde actualmente interviene el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti.
El avance de ambas causas será clave para determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo el faltante de armamento bajo custodia judicial.
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