La Fiscalía Anticorrupción acusó a dos exfuncionarios de Vialidad Provincial de extraer material de una cantera estatal para construir un camino hacia terrenos privados en Trevelin.
La Fiscalía Anticorrupción pidió la condena del exingeniero jefe de Vialidad Provincial, Fabián Pérez, y del exjefe de la Zona Noroeste, Juan Carlos Vinay, acusados de disponer de áridos pertenecientes al Estado para favorecer a particulares con la construcción de un camino que no es público.
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Lucas Papini, sostuvo en su alegato de cierre que ambos imputados actuaron de manera “unilateral y discrecional”, según indicó el parte de prensa de Fiscalía, al entregar material sin realizar la tasación exigida por la ley y sin ingresos para las arcas públicas.
De acuerdo con la acusación, Pérez y Vinay también se atribuyeron facultades que corresponden al Directorio o a la Presidencia de Vialidad, como la firma de convenios y la disposición de bienes estatales.
La causa investiga la extracción de 3.600 metros cúbicos de áridos de la Cantera Arroyo Fontana, propiedad de Vialidad Provincial, sin autorización del presidente del organismo.
La Fiscalía sostiene que el material benefició a tres particulares
Según planteó Papini durante el juicio, el material extraído fue destinado a la construcción de un camino hacia terrenos privados de tres particulares.
El fiscal aseguró que durante el debate oral quedó demostrado que el camino no es de libre tránsito. En ese sentido, indicó que durante una inspección ocular los jueces constataron que el acceso estaba cerrado con tranquera, cadena y candado.
Además, se expuso que los beneficiarios abonaron 20 millones de pesos a un transportista privado para trasladar el material estatal hasta sus propiedades.
En el juicio también se descartó la versión de la defensa sobre una supuesta intervención del municipio de Trevelin. Según la acusación, la comuna nunca controló ni la extracción ni el destino de los áridos.
La defensa pidió la absolución de los exfuncionarios
Papini afirmó que “incumplir la ley es un acto de corrupción”, según sostuvo durante su alegato ante el tribunal. También recordó que Argentina suscribió convenios internacionales de la OEA y la ONU que obligan a sancionar hechos de corrupción.
El fiscal remarcó que la corrupción no sólo implica el robo de dinero, sino también el uso de cargos públicos para beneficiar intereses particulares por encima del interés común.
Por su parte, la defensa insistió en que se trató de una práctica habitual de Vialidad en coordinación con municipios, en este caso Trevelin, y sostuvo que el material utilizado era de descarte y que el callejón tenía utilidad pública.
La defensa también consideró que la denuncia fue irresponsable y solicitó que las costas del proceso sean impuestas a la Administración de Vialidad Provincial y a su presidente. El veredicto se conocerá este lunes al mediodía.
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