La decisión del máximo tribunal cerró de manera definitiva una causa iniciada en 2011 por el pago de sobresueldos. Ocho exfuncionarios, entre ellos siete exministros, quedaron con condenas firmes por peculado.
La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas por peculado contra ocho exintegrantes del gabinete del exgobernador Miguel Saiz. La causa se originó por el pago de sobresueldos mediante un sistema paralelo que funcionó entre 2004 y 2011.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas al considerar que no lograban desvirtuar los fundamentos de las sentencias previas. De esta manera, quedaron firmes las condenas que habían sido ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2020.
La investigación determinó que durante más de siete años funcionó un esquema mediante el cual determinados integrantes del gobierno percibieron sumas adicionales a sus salarios a través de fondos públicos administrados por fuera de los mecanismos habituales de liquidación. Para la Justicia, esos pagos configuraron el delito de peculado, al implicar la utilización indebida de recursos estatales.
Entre los condenados se encuentran el exministro de Educación César Barbeito y el exsecretario General de la Gobernación Francisco González, quienes recibieron penas de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. También quedaron confirmadas las condenas de dos años y seis meses para los exministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, además del extesorero general José Ongaro.
Cómo funcionaba el sistema de sobresueldos
La causa tuvo su origen en una investigación periodística publicada en 2011. “Mes a mes y desde hace siete años, el secretario General de la Gobernación y los ministros del gobierno de Miguel Saiz vienen percibiendo un sobresueldo por encima de los haberes que les han sido estipulados. Lo hacen ilegalmente —aunque bajo una apariencia reglamentaria—, burlando los órganos de control y a espaldas de los rionegrinos”, señaló la publicación que dio origen a la denuncia judicial.
A partir de esa investigación se abrió una causa que reconstruyó un sistema de pagos adicionales destinado a funcionarios de primera línea durante los dos mandatos de Saiz. Según la acusación, los fondos eran retirados mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios y cobrados por ventanilla bancaria, un mecanismo que permitía eludir los controles habituales aplicados a la liquidación de haberes.
La operatoria se sustentaba formalmente en una normativa interna que contemplaba el denominado “Suplemento Personal por Dedicación Exclusiva Funcional”. Sin embargo, tanto el tribunal de juicio como las instancias revisoras concluyeron que esos recursos eran administrados y distribuidos por fuera de los procedimientos legales previstos para adicionales del Estado.
Durante el proceso también se determinó que los desembolsos se realizaban bajo conceptos presupuestarios ambiguos y mediante circuitos administrativos paralelos. Para la acusación, esa modalidad permitió ocultar la verdadera naturaleza de los pagos y evitar los controles ordinarios sobre el manejo de fondos públicos, una conducta que finalmente fue encuadrada como peculado.
El cierre definitivo de la causa
El juicio oral se desarrolló en 2018 y concluyó con las condenas contra los exfuncionarios. La sentencia fue posteriormente revisada por el Superior Tribunal de Justicia, que en septiembre de 2020 confirmó el fallo y rechazó los principales cuestionamientos formulados por las defensas.
Con la decisión adoptada ahora por la Corte Suprema, quedaron agotadas las instancias ordinarias de revisión y las condenas adquirieron firmeza. La resolución pone fin de manera definitiva a una de las causas judiciales vinculadas a la gestión de Miguel Saiz en Río Negro.
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