Emerson Marín estaba activo en la Policía de Río Negro y con arma reglamentaria, pese a una probation por amenazas en contexto de género y una condena por deuda alimentaria.
El policía de 34 años acusado por el femicidio de Stefanía Civardi, arrastraba un historial preocupante de denuncias por violencia de género e incumplimiento de deberes parentales. A pesar de ello, continuaba cumpliendo funciones en la Policía de Río Negro, portando su arma reglamentaria.
El crimen ocurrió el pasado 30 de julio en una vivienda del barrio Lera. Según la imputación de la fiscal Betiana Cendón, Marín le disparó a su pareja mientras ella descansaba. La bala ingresó por el cuello y se alojó en la almohada. Fue un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria.
La historia de violencia no comenzó ahí. En 2021, una expareja lo denunció por amenazas coactivas en un contexto de violencia de género en Las Grutas. La causa fue judicializada, se le retiró temporalmente el arma, y la víctima recibió un botón antipánico. Sin embargo, en mayo de 2022, Marín accedió a una probation por dos años que le permitió evitar el juicio. A pesar del antecedente, y con el consentimiento de la víctima, le devolvieron el arma y volvió a su cargo.
Además, en noviembre de 2024, el Juzgado de Familia de Villa Regina lo condenó por incumplir con la cuota alimentaria de otro hijo. Se le impuso una retención del 20% de su salario.
A pesar de estos antecedentes, Marín fue destinado recientemente como refuerzo a la Comisaría Segunda de Bariloche. La continuidad de su carrera policial, sumada a la restitución del arma, evidencia una cadena de decisiones institucionales que hoy quedan expuestas tras el femicidio de Civardi.
La causa por el crimen está en etapa de investigación y la defensa de Marín, según trascendió, podría intentar sostener la hipótesis de un suicidio. No obstante, la autopsia reveló lesiones previas en las muñecas de la víctima, y las pericias forenses, criminalísticas y balísticas serán clave para esclarecer los hechos.
El caso volvió a encender el debate sobre la permanencia de personas con antecedentes por violencia en las fuerzas de seguridad y la responsabilidad del Estado ante la reincidencia en contextos de género.
Fuente: El Cordillerano.
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