La secretaria de Desarrollo Territorial y Planificación Urbana de El Bolsón, Cecilia Gori, explicó que la familia que reclama seis hectáreas en Loma del Medio posee una mensura aprobada en 2010 por cuatro hectáreas, y que el conflicto por la titularidad de esas tierras aún no fue resuelto.
La secretaria de Desarrollo Territorial y Planificación Urbana de El Bolsón, Cecilia Gori, brindó precisiones sobre la situación catastral de las tierras en disputa en Loma del Medio, luego del reclamo público realizado por la familia Lovera, que denunció la pérdida de parte del terreno que habitaban.
“La mensura que esta familia recibió en su momento, que fue en el 2010, quedó en cuatro hectáreas”, explicó Gori. Según la funcionaria, los documentos presentados por los vecinos datan de los años setenta, pero no acreditan propiedad plena: “Tenían un boleto de compraventa de una persona que no era la dueña de la tierra”.
Gori señaló además que este tipo de documentos solo son válidos sobre las mejoras realizadas y no sobre la tierra fiscal, que puede ser de jurisdicción nacional, provincial o municipal. “El titular de la tierra es el que tiene que vender la tierra”, aclaró.
Un conflicto de larga data
Consultada sobre la titularidad actual, la funcionaria indicó que existe “una controversia, porque en su momento parecía que esto era todo parte del Plan Arraigo, pero en algún momento la provincia también entregó algunas tenencias de ocupación”.
Agregó que, pese al paso de los años, “todavía no sabemos si está realmente resuelto esto de si es de provincia o de nación”. La indefinición se agrava, explicó, por la falta de personal en las oficinas nacionales encargadas del tema: “El AABE era una oficina que tenía 30 o 40 empleados entre agrimensores, escribanos y abogados, y ahora hay tres”.
En ese contexto, Gori reconoció que muchas familias quedaron en una situación de indefinición respecto a la regularización de sus terrenos.
Usurpaciones y responsabilidades municipales
La secretaria también se refirió a los antecedentes de usurpaciones en la zona, recordando que el actual intendente, Bruno Pogliano, sostiene desde hace años una política de “tolerancia cero con las usurpaciones”.
“Hemos heredado muchas dificultades de usurpaciones de tierra que hoy en día tenemos que resolver, porque la justicia nos dice que tenemos que resolver, y lo hacemos a costa del patrimonio municipal”, explicó. Según detalló, el municipio debe compensar a los propietarios afectados “con dinero o con tierra” para poder dar respuesta a las familias que ya habitan en esos lugares.
Sobre el croquis y la intervención municipal
Respecto al croquis del área en conflicto, Gori aclaró que fue elaborado desde Catastro Municipal para resguardar el trazado de la calle Mario Marques, aprobada en 2024, y garantizar el paso de los servicios y las emergencias.
“Pasaba una línea de alta tensión por arriba de casas, y EDERSA prohíbe que eso suceda”, indicó. Por ello, explicó, se delimitaron correctamente las calles y veredas: “Las calles tienen que tener 20 metros, o a lo sumo 15, pero no 8 o 9, porque después por ahí tienen que pasar ambulancias o bomberos”.
Gori aclaró también que desde su oficina no se otorgaron certificados de ocupación a quienes hoy se encuentran en esa zona.
“Me siento difamada”
En relación a las acusaciones de supuestos “arreglos” o “chanchullos”, Gori sostuvo: “Me siento difamada, pero hablándolo con algunos abogados me dicen que es parte de la doctrina de la real malicia”.
La funcionaria manifestó que, como representante del Estado, debe resguardar la libertad de expresión, aunque negó cualquier irregularidad en la gestión: “No hacemos ni chanchullos ni nada de lo que dicen algunos integrantes de la familia”.
La definición dependerá de la justicia
Finalmente, Gori precisó que la mensura de la familia Lobera “está a nombre de la señora Etervina Loyola, y es de cuatro hectáreas”. Explicó que esa medición fue la establecida en 2010, y que la entrega del título de propiedad solo podrá concretarse “cuando el dueño de la tierra le traspase el título de propiedad”.
“El conflicto es que no se sabe si la tierra es de provincia o de nación”, reiteró. La funcionaria confirmó que el municipio ya respondió los oficios judiciales recibidos y que ahora “habrá que esperar qué decide el fiscal”.
“La gente puede hablar, pero tendrán que esperar la decisión de la justicia para saber si recuperan las dos hectáreas que reclaman o se quedan con las cuatro de la mensura”, concluyó.
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