Mientras Unter impulsa un proyecto basado en la prevención con equipos interdisciplinarios, un legislador propone incorporar seguridad privada en las escuelas para frenar los hechos de violencia hacia docentes.
La violencia hacia docentes dentro de las escuelas es una preocupación creciente en Río Negro. En respuesta a esta problemática, el gremio Unter inició una serie de encuentros con legisladores para impulsar un proyecto de ley centrado en la prevención. Al mismo tiempo, en el Parlamento ingresó una iniciativa del legislador Luciano Delgado Sempé que plantea una solución distinta: incorporar agentes de seguridad privada en los establecimientos educativos.
Ambos proyectos difieren en su enfoque principal, aunque coinciden en ciertos aspectos vinculados a las sanciones y en la necesidad de que el tema se aborde en la Legislatura durante este semestre. El sindicato docente ya comenzó a compartir su anteproyecto esta semana. El martes, representantes gremiales se reunieron con la legisladora Patricia Mc Kidd (Cambia Río Negro), integrante de la comisión de Educación. La próxima semana, Unter buscará reunirse con los presidentes de cada bloque parlamentario.
Enfoque preventivo vs seguridad privada
El eje del proyecto de Unter se basa en la “prevención, erradicación y sanción” de los episodios de violencia en las escuelas. Para eso, propone la creación de equipos interdisciplinarios zonales, integrados por un licenciado en servicio social, un psicólogo social, un psicopedagogo y un licenciado en psicología.
“Nos enfocamos en la prevención de estas situaciones, entendemos que tiene que haber equipos interdisciplinarios por consejos escolares, para poder prevenir y trabajar con las instituciones educativas, con las familias, para que no suceda”, explicó Silvana Inostroza, secretaria general del gremio. Según la dirigente, “las escuelas tienen que ser territorios de paz”.
Por otra parte, el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) propuso una alternativa diferente. Su proyecto, que ingresó esta semana, plantea la contratación de servicios de seguridad privada para resguardar los establecimientos y proteger al personal docente.
“Sé que es un proyecto polémico, a muchos no les gusta el tema de la seguridad en las escuelas, pero hay que hablarlo, quizá va a ser un proyecto inicial para poder mejorarlo”, declaró Delgado Sempé en declaraciones radiales.
Seguridad sin armas y a demanda
El legislador aclaró que optó por seguridad privada y no por la policía provincial debido a que los primeros “no llevan armas”. Agregó que el personal deberá tener formación específica: “El personal tiene que estar preparado con cursos especializados para la contención sin armas, proponemos que también tiene que tener una capacitación absoluta y específica para poder estar en un colegio secundario o primario”.
La iniciativa tiene alcance provincial, aunque la implementación del servicio dependería de la demanda de cada comunidad educativa. Delgado Sempé consideró que en localidades o parajes pequeños no sería necesario, pero sí en ciudades como Bariloche, Viedma, Roca o Cipolletti. Sobre los costos, indicó que se podrían afrontar si se reducen otros gastos, como fondos destinados a promocionar competencias automovilísticas.
Tras reunirse con representantes de Unter, la legisladora Patricia Mc Kidd reconoció que: “la violencia en las escuelas es una realidad que no es nueva pero se ha vuelto insostenible”. Consideró que ambos proyectos, aunque contrapuestos, representan un primer paso para “empezar a trabajar el tema en la comisión”.
Registro de agresores y sanciones compartidas
Ambas propuestas legislativas coinciden en algunos puntos clave. Uno de ellos es la creación de un registro provincial de agresores hacia trabajadores de la educación. En ambos casos, se establece que quien figure en esa nómina no podrá ser prestador del Estado ni empleado público durante un período de dos años.
Además, los dos proyectos incluyen sanciones para los agresores. En el caso de Unter, se propone incorporar un artículo en el Código Contravencional que contemple una pena para quien cause daño físico, psicológico o moral a un docente. La sanción iría de dos a diez días de trabajo de utilidad pública, una multa de 50 a 500 unidades de medida o arresto en casos graves.
Delgado Sempé diferencia entre agresores que sean agentes estatales -quienes recibirían también sanciones disciplinarias en sus trabajos- y los que no. Para estos últimos, sugiere multas de hasta 100 JUS, arresto de hasta 30 días o trabajo comunitario de hasta 120 horas.
Fuente: Diario de Río Negro
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