La investigación se inició en Chubut tras la denuncia de un hombre que realizó transferencias millonarias bajo amenazas. La maniobra era coordinada desde una cárcel de Mendoza y derivó en allanamientos en un penal y en una vivienda de Godoy Cruz.
La Policía Federal Argentina desbarató una maniobra de extorsión bajo la modalidad sextorsión tras una investigación iniciada en Cholila, donde un vecino denunció haber transferido $ 2 millones como consecuencia de amenazas recibidas por redes sociales.
Los operativos incluyeron un allanamiento en una celda del Complejo Penitenciario Almafuerte, ubicado en Luján de Cuyo, y otro en una vivienda del barrio La Gloria, en Godoy Cruz, ambos en la provincia de Mendoza.
La investigación se puso en marcha en noviembre de 2025 a partir de una denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, con intervención del fiscal Carlos Díaz Mayer, y fue desarrollada por la División Unidad Operativa Federal Esquel.
El caso permitió identificar una estructura que operaba de manera coordinada, con roles definidos dentro y fuera del sistema penitenciario, y con uso de redes sociales, mensajería instantánea y documentación apócrifa.
Cómo se inició la maniobra
De acuerdo con la pesquisa, la víctima fue contactada a través de Facebook por una mujer que se presentó como “Carla”, con quien luego continuó la conversación por WhatsApp.
Tras un intercambio de mensajes e imágenes, la supuesta joven manifestó ser menor de edad y cortó el contacto, lo que dio paso a una escalada de presiones.
Días después, un hombre que dijo ser el padre comenzó a exigir dinero bajo la amenaza de realizar una denuncia, asegurando que la menor había intentado quitarse la vida.
Posteriormente, otras personas que afirmaban ser abogados e incluso un fiscal enviaron documentación falsa, entre ella un supuesto amparo por ciberacoso y un acta de defunción, indicando que la joven se había suicidado.
La ruta del dinero y los allanamientos
Ante las amenazas, el vecino de Cholila realizó transferencias que alcanzaron los $ 2 millones.
El análisis de los movimientos bancarios permitió reconstruir la ruta del dinero e identificar que los fondos eran derivados a allegados de un interno alojado en el penal Almafuerte, señalado como presunto organizador de la maniobra.
También se estableció la participación de colaboradores que operaban desde una vivienda en Godoy Cruz, lo que derivó en la solicitud de medidas judiciales.
Con la colaboración de la DUOF Mendoza, se concretaron los allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares y soportes informáticos, que quedaron a disposición del magistrado interviniente para su peritaje.
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