Unos 3.200 trabajadores del Estado rionegrino ya formalizaron su adhesión al régimen de ingreso a planta permanente, lo que equivale al 76,2% del universo de 4.208 contratados. Después del cierre de la inscripción, comenzará una etapa de controles, exámenes y evaluaciones.

Este jueves vence el plazo de adhesión al régimen de ingreso a planta permanente para los contratados del Poder Ejecutivo de Río Negro. La cifra confirmada hasta ayer representa el 76% de un universo inicial de 4.208 trabajadores. Cuando finalice la inscripción, comenzará una etapa de controles administrativos, exámenes y evaluaciones que culminará con las incorporaciones mediante decreto.
De esa manera, todavía queda un millar de trabajadores que no habían completado su adhesión al mecanismo establecido por la Ley 5.866, que comprende a los contratados hasta el 31 de diciembre del 2025.
El cronograma fue fijado en la reglamentación aprobada por el Decreto 1032/26, de fecha 4 de noviembre y publicado el 5 de noviembre. La presentación para la inscripción tiene carácter de declaración jurada y exige la manifestación expresa de voluntad de acogerse al régimen, además de la documentación personal y laboral correspondiente.
Este trámite no significa, sin embargo, el ingreso automático al proceso. La reglamentación prevé su posterior verificación de requisitos, controles de antecedentes, evaluaciones médicas y exámenes de idoneidad.
Quiénes integran la nómina de contratados
La última nómina se compone de 4.208 contratados, liderada por 1.500 porteros, que representan el 35,6%. El personal de Salud se ubica en segundo lugar, con 1.436 trabajadores (34,1%), distribuidos en 938 profesionales de la ley 1904, 378 agentes de la ley 1844 y 120 residentes.
La lista continúa con el ministerio de Desarrollo Humano, que alcanza a 178 agentes, entre ellos 76 que figuran en la SENAF. Entre otros, Gobierno suma 126 contratados, repartidos en Trabajo, con 56; Registro Civil, con 33; Propiedad Inmueble, con 15; el ministerio, con 17, y Personas Jurídicas, con 5.
Los controles y evaluaciones
Concluido el plazo de adhesión, la secretaría de la Función Pública tendrá diez días corridos para elaborar los informes de la Junta de Disciplina y del área de Control de Gestión. Se trata de la verificación de la existencia de sumarios administrativos, sanciones disciplinarias y otros empleos nacionales, provinciales o municipales. Ese plazo concluirá el lunes 30 de noviembre.
Para esa fecha, las áreas de Recursos Humanos deberán realizar un informe sobre el desempeño del agente. Una valoración desfavorable se notificará al interesado, quien, en un plazo de 48 horas hábiles, podrá solicitar que la autoridad superior del organismo reevalúe su informe.
La reglamentación establece, además, que los postulantes deberán realizar una evaluación psicológica y un examen toxicológico. Para quienes hayan tenido más de 30 días de licencias médicas, readecuación de tareas o reducción horaria por razones de salud durante los últimos doce meses, se prevé una evaluación de las Juntas Médicas provinciales, con las excepciones contempladas en la norma. Los estudios preocupacionales deberán completarse dentro de los 45 días corridos posteriores al vencimiento de la inscripción.
Cómo será el examen del IPAP
La instancia de evaluación estará a cargo del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), en coordinación con la Comisión Ejecutiva Central. El examen será virtual, de opciones múltiples, y estará diseñado de acuerdo con el organismo, el lugar de prestación de servicios, las funciones desempeñadas y el agrupamiento escalafonario correspondiente a cada trabajador.
Para aprobarlo, los postulantes deberán responder correctamente al menos el 50% de las preguntas. Quienes no alcancen ese resultado tendrán derecho a un recuperatorio, que no podrá realizarse antes de los 30 días corridos posteriores al primer examen.
El cronograma reglamentario también fija plazos para la confección de los expedientes individuales y colectivos. Las áreas de Recursos Humanos tendrán 30 días corridos desde el vencimiento de la inscripción para remitir las actuaciones a la Comisión Ejecutiva Central.

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