La comunidad originaria Santa Rosa denunció un operativo policial con gases lacrimógenos y perdigones de goma. Aseguran que tres viviendas fueron derribadas con maquinaria pesada y reclaman información sobre ocho menores trasladados durante el procedimiento.
Integrantes de la comunidad originaria Santa Rosa, de Humahuaca, denunciaron un operativo policial durante un desalojo que dejó al menos diez personas heridas con perdigones de goma y tres viviendas destruidas con maquinaria pesada. Además, reclamaron información sobre el paradero de ocho niños de entre 1 y 7 años.
Tras presentarse en la fiscalía para ampliar la denuncia penal, el vicecomunero Ángel Mendoza dialogó con Radio 2 y relató el accionar de las fuerzas de infantería y la policía durante el procedimiento.
“Entraron tirando balas de goma y gases lacrimógenos. Había menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Tiraron todas las cosas afuera y con una máquina sin patente derrumbaron por completo las tres casas donde vivían tres familias de nuestro pueblo”, denunció Mendoza en diálogo con Radio 2.
Según el relato de los integrantes de la comunidad, el enfrentamiento se produjo cuando las familias intentaron impedir el avance de la maquinaria en defensa de sus viviendas. Los damnificados señalaron que al menos diez personas recibieron impactos de perdigones de goma.
Denuncian disparos a corta distancia
Los integrantes de la comunidad denunciaron que los disparos fueron efectuados a corta distancia y de manera directa al cuerpo y al rostro. También señalaron que varios de los heridos recibieron entre seis y siete impactos en distintas partes del cuerpo y requirieron asistencia.
El otro punto denunciado por la representación comunitaria está relacionado con el traslado de los niños pertenecientes a las familias desalojadas. Según indicaron, los menores fueron retirados del lugar sin notificación ni autorización de sus progenitores.
“Se llevaron a unos ocho menores de entre 1, 2, 5 y 7 años. No sabemos dónde están ni a dónde los trasladaron. Nos presentamos en la fiscalía para saber qué hicieron con ellos y exigir que nos den una respuesta”, sostuvo Mendoza en diálogo con Radio 2.
La comunidad informó que se presentó ante la fiscalía para pedir respuestas sobre el paradero de los menores y ampliar la denuncia por lo ocurrido durante el desalojo.
Una disputa territorial dentro de la comunidad
El conflicto se encuentra relacionado con una disputa territorial interna entre dos partes de la comunidad por la posesión de una parcela. Desde la conducción actual de Santa Rosa sostienen que el reclamo de la contraparte se basó en documentación que consideran irregular y en planos que, según señalaron, no son reconocidos oficialmente por la Dirección de Inmuebles.
Los damnificados también cuestionaron la orden judicial que dio lugar al operativo. Según plantearon, intervino un Juzgado de Paz que no corresponde a la jurisdicción local.
Tras el derribo de las viviendas, las familias afectadas reclamaron asistencia del municipio de Humahuaca y del Gobierno provincial para contar con contención y un lugar donde alojarse. La comunidad también pidió respuestas por los menores y por las personas heridas durante el procedimiento.
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