La normativa establece cambios en el Impuesto a las Ganancias, eleva los umbrales de evasión y limita el análisis del incremento patrimonial. Especialistas advierten sobre el alcance de los controles.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, con la que entra en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. La medida introduce modificaciones en el esquema tributario y ya generó cuestionamientos de expertos por la posibilidad de que el Estado no pueda revisar incrementos patrimoniales injustificados.
Desde el organismo recaudador defendieron la iniciativa al señalar que “con la Ley de Inocencia Fiscal se deja atrás un régimen persecutorio”, según expresó la ARCA en un comunicado oficial. En ese mismo texto, el ente sostuvo que “la Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”.
Entre los cambios centrales, la reglamentación eleva el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. Además, reduce el plazo de prescripción del delito tributario de cinco a tres años. Según indicó la ARCA, quienes se inscriban al régimen en los próximos meses no podrán ser investigados a partir de 2029.
Otro punto relevante es que la evasión deja de ser un delito penal. En ese marco, el organismo que dirige Andrés Vázquez afirmó que “quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal”, de acuerdo con lo informado por la ARCA.
Advertencias por el control patrimonial
La reglamentación también generó reacciones en el ámbito técnico. En redes sociales, la cuenta de X Blog del Contador, dedicada a la divulgación tributaria, advirtió que “a grandes rasgos, mediante esta opción, ARCA no podría revisar incrementos patrimoniales no justificados habilitando así el uso de dinero o bienes no declarados anteriormente”.
El nuevo régimen simplificado de Ganancias establece requisitos concretos para la adhesión. Entre ellos, ingresos totales de hasta 1.000 millones de pesos anuales, un patrimonio total de hasta 10.000 millones de pesos y no tener la condición de Gran Contribuyente Nacional. La verificación se realizará sobre el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular montos entre años.
ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que podrá ser revisada y modificada por el contribuyente. La presentación y el pago en término del impuesto, o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento, otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.
En materia de bancarización, la normativa dispone que las operaciones se considerarán correctamente canalizadas cuando los fondos ingresen al sistema financiero en el origen o en el destino. También se ratifica que las compraventas de inmuebles podrán seguir realizándose en efectivo, conforme al Decreto N.º 22/2001.
Presunción de exactitud y nuevo período base
La reglamentación aclara de forma expresa que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluidos los depósitos bancarios, a los fines de verificar el régimen. El organismo sostuvo que esta definición busca “despejar interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles”, según argumentó el ente tributario.
El esquema incorpora además una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. Cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término, la información declarada se presume correcta, y ARCA solo podrá impugnarla en supuestos excepcionales definidos por la normativa.
El régimen introduce el concepto de nuevo período fiscal base. Cada vez que el contribuyente ratifica su permanencia y presenta en término la Declaración Jurada Simplificada con el pago correspondiente, ese período pasa a constituirse como nueva base, alcanzando a los períodos anteriores por la presunción de exactitud, salvo notificación previa de una orden de intervención.
Por último, la reglamentación prevé que la rectificación espontánea presentada antes de una orden de intervención no se considere discrepancia significativa y establece una reducción del 50 % de las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento. Con estas disposiciones, la Ley de Inocencia Fiscal queda plenamente operativa dentro del esquema tributario vigente.
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