Por seis votos contra cuatro, el Consejo de la Magistratura cerró la investigación ética contra los magistrados que viajaron al resort de Joe Lewis.
El Consejo de la Magistratura de la Nación decidió cerrar la investigación disciplinaria contra los jueces que participaron en el controvertido viaje a Lago Escondido, la exclusiva estancia del empresario británico Joe Lewis. La resolución, tomada por seis votos contra cuatro, dejó sin efecto la posibilidad de sanciones a los magistrados, a pesar de las múltiples denuncias y las evidencias que ponían en tela de juicio su imparcialidad y ética profesional.
El voto decisivo fue aportado por el senador radical Eduardo Vischi, representante del oficialismo en el Consejo, cuyo respaldo fue clave para archivar el expediente. Vischi ya había sido señalado por su rol en frenar otras investigaciones sensibles, como la comisión que buscaba esclarecer la estafa de la financiera Libra, que involucra a sectores del oficialismo libertario.
El expediente en cuestión apuntaba contra los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques, quienes entre el 13 y el 15 de octubre de 2022 viajaron junto a otros funcionarios judiciales y políticos a Lago Escondido. El viaje —cuya financiación estuvo a cargo de empresarios del Grupo Clarín y de allegados al propio Lewis— incluía el traslado en avión privado, alojamiento de lujo, comidas y excursiones.
Apenas se conocieron los detalles del viaje, más de un centenar de denuncias ingresaron al Consejo de la Magistratura. Las sospechas se agravaron cuando se difundieron chats que revelaban un intento por parte de los asistentes de encubrir la financiación del viaje mediante la confección de facturas falsas. En los mensajes, se coordinaban acciones para simular pagos personales y así evitar acusaciones por dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
Sin embargo, los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones, junto al consejero académico Hugo Galderisi y el senador Vischi, decidieron desestimar la continuidad de la investigación. El argumento central fue que la causa penal abierta en los tribunales federales de Comodoro Py fue archivada por el juez Sebastián Ramos, quien consideró que las pruebas —particularmente los chats obtenidos del celular del exministro porteño Marcelo D’Alessandro— fueron obtenidas de forma ilegal.
El cierre de la causa generó una dura respuesta de los consejeros que votaron en contra. “No estamos juzgando delitos penales, sino la conducta ética de magistrados de alto rango que aceptaron un viaje de lujo por parte de empresarios, algunos con causas en sus juzgados”, señaló la diputada del PJ y consejera Vanesa Siley.
Siley remarcó que, incluso si la causa penal está cerrada, el Consejo tiene la facultad y el deber de evaluar el comportamiento ético de los jueces. “Estamos ante un hecho escandaloso. Cuatro jueces federales viajaron gratis a un hotel de un empresario con intereses en causas judiciales. Luego intentaron falsear documentación para simular que lo pagaron. Y acá estamos, votando si eso es ético”, cuestionó.
También el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) apuntó directamente contra los responsables del archivo. “La vergüenza no tiene límites. Se busca blindar a jueces que incurrieron en faltas éticas graves. Si en este recinto no podemos discutir esto, ¿dónde se discute entonces la responsabilidad moral de quienes ejercen la Justicia?”, lanzó.
El consejero instructor Hugo Galderisi justificó su dictamen asegurando que “no podemos juzgar en base a editoriales periodísticos”, y defendió la postura de cerrar el expediente por “falta de elementos válidos”. Los jueces que votaron a favor del archivo insistieron en que el caso penal había quedado “sin sustento”, lo que a su entender impedía avanzar disciplinariamente.
Pese a que la Fiscalía de Bariloche —que tuvo inicialmente la causa antes de que pasara a Comodoro Py— había detectado irregularidades en las facturas, los consejeros mayoritarios eligieron no avanzar con ninguna medida de prueba adicional.
La decisión sienta un precedente preocupante sobre el control interno del Poder Judicial, donde las relaciones con actores políticos y empresariales parecen mantenerse al margen de todo escrutinio. A pesar de la gravedad de los hechos y de las pruebas reunidas, el Consejo de la Magistratura dio por cerrada una causa que para muchos evidenciaba una red de vínculos incompatibles con la función judicial.
La maniobra para frenar la investigación refuerza la percepción de impunidad en sectores del Poder Judicial, y el rol del senador Vischi resultó determinante. Su voto, junto a los de los jueces y el consejero académico, logró lo que muchos denuncian como un blindaje institucional a funcionarios judiciales que deberían haber sido investigados por comprometer su imparcialidad y ética.
Fuente: La Política Online
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